A cargo de una sola persona estaba la seguridad de cientos de bogotanos que transitaron el domingo en la tarde por el deprimido de la 94. Las lluvias no dieron tregua y le pasaron la factura a una obra que se entregó hace menos de dos meses y por la que los capitalinos esperaron 10 años.
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Yaneth Mantilla, directora del IDU, comentó que “todo se debió a un error humano, pues la persona a cargo, al parecer por una calamidad doméstica en su casa, se asustó y no avisó, por eso ocurrió este hecho tan delicado”. La funcionaria agregó que “nos habíamos preparado con los protocolos de seguridad y estábamos entregándole la parte eléctrica a Codensa y el tema de aguas al Acueducto. Pero lo único que estábamos operando manual era la parte eléctrica, porque el corazón de bombeo, que está en la intersección, opera automáticamente”.
En otras palabras, una persona debía estar pendiente de las lluvias para evitar la grave inundación que dejó a varios ciudadanos afectados. Si bien las entidades distritales y de emergencia respondieron con rapidez, pues en tan solo 12 minutos evacuaron el agua del deprimido, los cuestionamientos no se hicieron esperar y más cuando se esperó tanto por una obra que costó el doble de lo presupuestado.
El IDU, en cabeza de su directora, manifiesta que la obra está en perfectas condiciones y lo que se está haciendo es la entrega final de las redes de servicios públicos, “pero una vez se termina el contrato, que fue el día en que se entregó la obra a la ciudadanía, hay detalles y un proceso de dos o tres meses para que se liquide definitivamente. En esos dos meses de liquidación, lo que ocurre es que el interventor revisa que todo esté en buenas condiciones y el supervisor, igual. Después de eso, procedemos con el acta final de la entrega de la obra y en eso estábamos precisamente”, comentó Mantilla, contradiciendo lo dicho por Codensa, pues la empresa aseguró que por ahora no ha recibido tal solicitud.
Ante este panorama, la pregunta que surgió fue: ¿por qué poner en funcionamiento una obra cuyo contrato se encuentra en proceso de liquidación? El subdirector de Infraestructura del IDU, Francisco Uribe, respondió el día de la emergencia diciendo que “la obra se entregó porque la necesidad de la comunidad era más grande y aún estamos en proceso de entrega y recibo de la misma. Una vez se dé el recibo de las entidades de servicios públicos y de las redes, la planta quedará funcionando semiautomática”.
¿Hay ambiente para una
nueva valorización?
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Para muchos bogotanos hay un sinsabor y más cuando se habla de un supuesto cobro de valorización para más obras. ¿Pero el ambiente está para un nuevo impuesto teniendo en cuenta lo ocurrido el domingo y que las obras de la pasada valorización no se han entregado en su totalidad?
Muchos capitalinos, como Álvaro Rahirant, quien cumple con las condiciones dadas por el Distrito para ese nuevo cobro, comenta: “No me parece que anden cobrando más vías o construcciones, porque de las pasadas no se ve nada y quién nos garantiza que van a quedar bien hechas. Eso es lo que tiene que pensar el alcalde. Es que es mejor que solucione lo que está embolatado y después ahí sí miramos”.
Según Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana de la Universidad Central, “cuando se habla de valorización en Bogotá se trata de una serie de obras que deben garantizar la calidad de vida de los bogotanos. Sin embargo, en este momento la ciudad no se encuentra conforme con el desarrollo urbanístico, social y económico, y el interdimensional que plantea Naciones Unidas desde la Resolución 60/1 de 2005, en la que habla de una seguridad integral humana. Por otro lado, hay que ver que esta es una ciudad de más de siete millones de personas que necesitan una infraestructura, pero en este momento con el deprimido de la calle 94, que se entregó 10 años después y tuvo un costo de 170.000 millones, eso quiere decir que tuvo un sobrecosto del 200%, pues no es la mejor idea llevar al debate del Concejo el nuevo cobro de valorización”.
Ahora bien, otros ciudadanos estarían dispuestos a pagar si se les garantiza que el dinero se invertirá y las obras serán una realidad. “Es que uno paga y paga, pero no ve nada. El domingo se inundó el deprimido y cuánto nos tocó esperar para eso; ahora quieren más plata y uno la da, pero si le garantizan que no se la roban y que la van a usar en lo que es”, dijo Marleny Morales, una ciudadana, a este medio.
En este caso, la ley existe y, según Nieto, “hay una dinámica jurídica y es que la Ley 152 de 1994 establece una ley orgánica para los planes de desarrollo. Con esta lo que se busca hacer es aclarar la elaboración, ejecución y seguimiento de ese plan de desarrollo. Qué es lo único que nos puede salvar acá: una autonomía en planeación que tenga los marcos sociales, políticos, vivenciales e históricos para garantizar que las obras puedan cumplir con las necesidades de una ciudad tan grande como Bogotá”. Pero harina de otro costal es que se cumpla esa normativa.
Nieto añadió que “en el artículo 3 de esta ley se habla de la organización, coordinación, del gasto, de la participación de la ciudadanía, de una planificación, de la priorización de ese gasto para saber si eso es lo que necesita la ciudad, para que las siguientes administraciones construyan sobre lo construido, pero pensando a largo plazo. Qué garantiza una buena inversión de esa posible valorización, pues que sean obras bien planeadas, con todo el sistema de riesgo medido; que tengan un seguimiento y acción, tanto del contratista, de la interventoría y de los entes de control, y finalmente que la ciudad no siga en un campo de batalla político electoral, en el que diferentes personas terminan creando acciones que no benefician a la ciudadanía, sino en rivalidades electorales”.
En otras palabras, la propuesta y la realización de esa inversión deben estar tan claras que los ciudadanos sientan confianza y decidan pagar nuevamente un cobro de valorización. “Está la Ley 80, que permite que el desarrollo se dé a partir de ofertas coherentes y estables. El asunto es cómo lograr que la corrupción no afecte la elección de estos contratistas y que finalmente cumplan los requisitos completos: soporte técnico, administrativo, experiencia, experiencia en talento humano y, por supuesto, la calidad de los materiales. Todo eso se puede garantizar si hay estudios previos y diagnósticos certeros que no permitan desviación en algunas de las características. Finalmente, el Concejo de Bogotá desempeña un papel fundamental no solo porque aprueba, sino por el hecho del debate y control político que pueda hacerse desde allí, y los ciudadanos, por medio de las veedurías ciudadanas”.
Por lo pronto el contratista tendrá que responder por el error humano que afectó a los bogotanos y que no le abrió las puertas a una nueva valorización.
