Bogotá

Familias desalojadas en Suba piden ayuda después de pasar la noche en la calle

El secretario de Gobierno, Miguel Uribe, aseguró que se les ofrecieron todas las ayudas, pero ninguna quiso aceptarla

El desalojo en Suba trajo de nuevo críticas a la forma de actuar de la Administración Distrital. Si bien Miguel Uribe, secretario de Gobierno, aseguró que se les prestaron todas las medidas de seguridad posibles, las familias que habitaban en los 398 cambuches, que fueron consumidos por el fuego, durmieron en la calle.

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Las autoridades aseguraron que ya iniciaron una investigación para dar con la persona que prendió fuego a los cambuches. Sobre este tema hay varias versiones: las familias desalojadas dicen que fueron uniformados, mientras que el Distrito habla de varios señalados que por evitar el desalojo decidieron iniciar un incendio.

Ahora bien, los andenes del barrio Bilbao están llenos de personas que manifiestan que están esperando las ayudas que les prometieron y que no han llegado. La Secretaría de Gobierno informó que todavía están invitando «a todos los ciudadanos que permanecían en zona de reserva y preservación ambiental del río Bogotá en el sector de Bilbao a recibir las ayudas que las distintas entidades ponen a su disposición en materia de salud, educación y vivienda, tal y como lo venían haciendo desde febrero. Pese al esfuerzo institucional por llevar esta feria de servicios sociales al Jardín de los Pinos, en la calle 144 con 139, solo 103 personas mostraron algún tipo de interés y el lunes algunas personas aceptaron recibir atención».

Por otro lado, Miguel Uribe, secretario de Gobierno, aseguró que se hizo un cruce de datos en el que se dieron cuenta  que más de 55 familias cuentan con casa y que 114 familias tienen un subsidio de vivienda.  Desde su secretaría también fueron enfáticos al decir que tan solo 51 familias llegaron a la orilla del río Bogotá siendo desplazados por la violencia, «a esto se suma que 96 de estas personas hacen parte del registro de recicladores de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y reciben beneficios asociados a este programa. Otros 31 ciudadanos están inscritos como vendedores informales en el Instituto Para la Economía Social (Ipes) y pueden acogerse a los servicios y ayudas que esta entidad les brinda». Sin embargo, en la mañana Uribe que realizarían de nuevo un censo para confirmar estos datos. Las investigaciones continuarán.

La Secretaría de Integración Social también visitó la zona para conocer la situación de las personas que están en condición de vulnerabilidad.

Ocupación ilegal y expendio de drogas 

Las autoridades establecieron que el microtráfico era una de las actividades que se desarrollaba en el lugar, el cual lo había convertido en foco de delincuencia. La otra decisión que los llevó a intervenir la zona fue el riesgo inminente al que se enfrentaban estas familias por habitar a la orilla del río Bogotá.

 

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