La Alcaldía de Bogotá informó que el abogado de Enrique Peñalosa, Humberto Sierra Porto, le solicitó a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se revoquen las resoluciones mediante las cuales la Registraduría Distrital autorizó promover la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa.
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Actualmente, Porto se desempeña como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y expone varias razones por las que deben negarse las peticiones de revocatoria para el Alcalde. La primera es que las motivaciones con las que se recogen las firmas son “abiertamente falsas, equivocadas y tendenciosas. Además, en muchas ocasiones constituyen verdades a medias. Igualmente, estas afirmaciones no constituyen un desconocimiento del programa de gobierno”.
La segunda es que los promotores de la revocatoria “vienen trabajando en ella mucho antes de que Peñalosa tomara posesión del cargo, como lo han reconocido abiertamente en varios medios de comunicación”.
Además, Sierra Porto considera que la revocatoria del mandato “es un mecanismo participativo mediante el cual la ciudadanía determina si el alcalde o el gobernador electo ha venido cumpliendo el programa de gobierno por el cual fue elegido”.
Según Sierra Porto, “los promotores desconocen que en un Estado Democrático de Derecho, los gobernantes locales están cobijados por el voto programático y esto implica que la revocatoria está restringida a la estricta verificación del cumplimiento del programa propuesto”. Por esto, para el juez no es válido que una de las razones sea la “insatisfacción general” de la ciudadanía consagrada en la Ley 134 de 1994.
Así mismo, Sierra Porto cita la sentencia C-179 del 2002 de la Corte Constitucional, para insistir en el punto en que la revocatoria está relacionada con el incumplimiento del plan de gobierno, ya que de lo contrario se instrumentalizaría la figura con fines electorales y de revancha política.
Otro argumento de Sierra Porto es que “se vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso a Enrique Peñalosa, ya que no se le notificó del inicio de dichos trámites administrativos, ni tampoco se le dio la oportunidad de exponer los ejes de su programa de gobierno para que no se vulneraran su derecho político y los derechos de los ciudadanos que respaldaron en las urnas su plan de gobierno”.
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Para Sierra Porto, “se está propiciando un debate basado en prejuicios, mentiras y estigmatización. Además, esta iniciativa puede dar al traste con la decisión que tomaron más de 900.000 ciudadanos en las elecciones distritales, lo cual afecta sus derechos a la participación política y a la representación”.
Promotores de la revocatoria defienden la iniciativa
Es importante explicar que cada iniciativa que promueve la revocatoria de Enrique Peñalosa debe obtener 271.817 firmas válidas, que corresponden al 30% de los votos que obtuvo en su elección que fueron 906.058. Si se logra conseguir estas firmas, se convocan a elecciones en las que deben participar mínimo 1.092.228, y de esos la mitad más uno deben votar para apartarlo de su cargo. Es decir, se necesitarían 546.114 votos para destituir a Peñalosa.
El concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento afirmó que las declaraciones de Humberto Sierra Porto “muestran el desespero de Enrique Peñalosa cuya única herramienta para defenderse es apelar a este tipo de marullas jurídicas”. Además, según Sarmiento es muy probable que se aprueben este tipo de fallos porque “en el CNE, varios magistrados hacen parte de los partidos que apoyan al Alcalde como Cambio Radical, Partido Liberal y Centro Democrático”.
Para Sarmiento, Sierra Porto “solo hace énfasis en el incumplimiento del programa. Pero hay ejemplos claros en los que no se ha cumplido con lo pactado. Peñalosa afirmaba que iba a mejorar en un corto plazo el sistema de Transmilenio y la salud. Sin embargo, esto no se ha visto hasta el momento”.
El concejal señala que el juez “guarda silencio frente a la segunda causal de la revocatoria que es el descontento generalizado de la ciudadanía que se ve reflejado en las encuestas y las marchas contra el Alcalde. La interpretación que hace Sierra Porto de la ley es restrictiva, debería ser mucho más amplia para favorecer la participación política”.
Sarmiento explica que una gran mayoría del Polo Democrático está vinculada al comité Unidos Revocamos a Peñalosa. No obstante, otros grupos como Revoquemos a Peñalosa “iniciaron sus procesos organizativos desde antes del tiempo estimado. Sin embargo, esto no está prohibido en la ley, ya que todos promotores presentaron la solicitud de la revocatoria un año después como está establecido en la legislación”.
Actualmente, hay ciudadanos que se oponen a la gestión de Enrique Peñalosa pero no quieren que se realice una revocatoria por los costos y el tiempo que implicaría. Sin embargo, Sarmiento afirma que “todas las revocatorias generan traumatismos, pero no se puede impedir su realización porque las leyes y la Constitución la permiten en casos extremos”.
Por otro lado, el analista político de Blu Radio, Aurelio Suárez afirma que “sí hay una violación del programa de gobierno porque en éste no estaba planteada ni la venta de la ETB ni del 20% de la Empresa de Energía de Bogotá”. Además, Suárez considera que “este no es un momento para reglamentar la participación ciudadana. Se deben tener en cuenta las razones de las personas que han firmado la revocatoria”.
Para Suárez, “si no quieren la revocatoria de Peñalosa, salgan y demuestren que están a favor de la gestión del Alcalde. Es antidemocrático que no se permita esta iniciativa”.
De acuerdo a las cifras entregadas por Suárez, “el comité Unidos Revocamos a Peñalosa ha recogido 350.000 en tan solo tres meses. El plazo es hasta junio en donde podrán tener unas 600.000 o 700.000 aproximadamente”.
Actualmente, se esperan las declaraciones del CNE frente a la revocatoria del Alcalde Enrique Peñalosa, un tema que todavía causa controversia entre los bogotanos.
