Su defensa, el abogado Iván Acuña aseguró que hay decisiones de la Fiscalía General y la Corte Constitucional en las que hay clara señal que nos e presentaron irregularidades en la implementación del servicio de aseo en Bogotá.
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Asimismo dijo que el ente acusador archivó la investigación contra Petro, ya que no se encontraron pruebas para inferir que fueron vulnerados los principios de la contratación pública o que hubo una afectación al medio ambiente durante su ejecución.
Por otro lado, argumentó que se fraguó un complot en contra del mandatario para afectar directamente el modelo de aseo en la capital, ya que el contratista Emilio Tapia aseguró bajo gravedad de juramento que los operadores privados trasladaron los vehículos a Funza y Mosquera (Cundinamarca).
De igual forma, que los otros vehículos fueron escondidos en garajes, con el argumento de que estaban presentando fallas mecánicas.
De acuerdo con el abogado, el plan, conocido como la operación “mordisqueo” consistía en recolectar una parte de la basura y la otra no. «Desde hace mucho tiempo se había planeado por parte de los operadores privados», aseveró.
Por estas razones, le solicitó a la Sala Plena del Consejo de Estado que tumbara el fallo disciplinario que destituyó e inhabilito por 15 años al exalcalde para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, el procurador delegado ante el Consejo de Estado y abogado de la Procuraduría para el caso, Carlos Mantilla, pidió mantener la sanción ya que Petro fue sancionado, entre otras, por afectar el medio ambiente de la capital.
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«La procuraduría jamás sancionó a Petro porque protegiera a los recicladores (…) sino por prescribir de manera imperativa la libre competencia», dijo el delegado.
Por otro lado, aseguró que a Petro se le advirtió sobre la falta de capacidad operativa de la empresa Aguas de Bogotá.
«No hubo complot, en esa decisión la Fiscalía le archiva a todos los privados y dice, acá no hay vestigio de ningún tipo de complot. Y dice, si el complot hubiera existido los privados no firman el 20 de diciembre los contratos para prestar el servicio», aseveró.
De igual forma argumentó que las competencias de la Procuraduría son legítimas “para proferir sanciones sobre los derechos políticos de los disciplinados».
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