Bogotá

Bogotá debe cambiar el esquema de basuras en seis meses

La decisión había sido proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía de Bogotá que en menos de seis meses deberá cumplir la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de desmontar el actual modelo de recolección de basuras.

De acuerdo con el alto tribunal, se debe “garantizar la libre mercado con el nuevo esquema, el cual además debe ser de competencia “pura o simple” o de “áreas de servicio exclusivo”.

Desde el 2014, la SIC le impuso sanciones económicas a tres entidades, diez funcionarios y exfuncionarios del Distrito, por el diseño e implementación del esquema de basuras, que incluso le costó una investigación y destitución al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

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Con la resolución 25036 de 2014 la SIC señaló que el esquema de aseo impuesto por Petro debía ser revisado y restructurado. Las multas impuestas, que superan los 80 mil millones, han tocado a la Administración de Servicios Públicos (Uaesp), Aguas de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Durante tres meses, la Corte se dedicó a “verificar que estaban dadas las condiciones para que la población recicladora pudiere ser incluida en cualquiera de dichos escenarios (de libre competencia”.

Aunque la decisión había sido proferida por la SIC, la Administración tiene seis meses contados a partir del 1 de enero del 2016 para cambiar el esquema.

Por otro lado, la Corte solicitó al Ministerio de Vivienda y a la Procuraduría General de la Nación realizar el seguimiento al cumplimiento de la orden porque se tiene que «generar los instrumentos económicos que permitan incluir costos ambientales que aún no han sido incorporados en la resolución CRA 720 de 2015».

La orden se da justo un año después de la crisis que hubo en la capital, luego de que pasara casi tres días sin que la basura se recolectara.

Dicha crisis llevó a que la Procuraduría decidiera destituir e inhabilitar al alcalde, puesto que, «cometió el error de asignarles la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad de realizar esas labores (la Empresa de Acueducto de Bogotá y su filial Aguas de Bogotá)».

Una de las primeras propuestas del burgomaestre al llegar al Palacio de Liévano, fue revolucionar el esquema de basuras, ya que consideraba que las empresas privadas, que se encontraban a cargo de esa labor, eran “mafiosos”.

Así que decidió que el sistema de recolección debía ser completamente público, por lo que designó a Aguas Bogotá para ello. Lo que no se imaginaba era que todo saldría al revés.

La decisión es obligatoria y de no ser cumplida puede traer graves acciones legales al Distrito. Además, el alto tribunal le pidió al Ministerio de Vivienda y a la Procuraduría que llevan a cabo el proceso de seguimiento y vigilancia para el cumplimiento de la orden.

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