Barrio de Engativá pide al IDU que pague precio justo por sus casas

Por Juan Manuel Reyes / Publimetro

La comunidad del barrio Mirador de los Cerezos, uno de los últimos en la localidad de Engativá, acusa al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de ofrecer precios muy bajos e intentar expropiar sus casas para buscar ampliar la avenida José Celestino Mutis. El IDU se defiende diciendo que esto se ha convertido en un campo de batalla para activistas políticos que buscan aprovechar a los votantes del barrio.

Según Juan Carlos Figueroa, presidente del Comité de Defensa del Contribuyente de la localidad, el IDU no se ha aproximado a los habitantes del Mirador de los Cerezos para negociar, sino para ofrecer un precio por los inmuebles. “Ellos ofrecen un precio a los residentes. Si aceptan, bien. Si no, empiezan proceso de expropación”, asegura.

Los precios ofrecidos por el IDU para estas casas son muy bajos e impiden que sus habitantes puedan adquirir propiedades equivalentes, dice Figueroa. Esta denuncia fue confirmada por los vecinos del barrio, quienes mostraron a PUBLIMETRO documentos en los que el IDU ofrece valores de $1.5 millones por metro cuadrado de suelo, pero menos de $400 mil por metro construido.

“No tienen en cuenta lo que hemos hecho durante años con nuestro trabajo”, dice Leila Aldana, propietaria de uno de los inmuebles sometidos a procesos de expropiación. “Acá le ofrecen a uno según los avalúos catastrales de 2010 o 2011, sin mirar que desde entonces el valor de los bienes raíces se ha disparado en la ciudad”, dice.

Otras de las críticas que los vecinos del barrio dijeron a PUBLIMETRO es que los habitantes que aceptaron los precios ofrecidos por el IDU desde octubre han recibido el 60% de inmediato, pero que el 40% restante no les ha sido desembolsado. Algunos de estos habitantes han debido salir a otras partes de Bogotá y del país, pagando arriendos.

Además, un grave problema es la inseguridad que deriva de estas casas vacías. Según Margarita Peláez, vecina del barrio, las casas desocupadas han sido tomadas por indigentes y delincuentes, y el consumo de droga es rampante en las mismas. “Imagínese uno tener que llegar a su casa con miedo de que los ladrones no lo dejen entrar o le hayan desocupado todo”, dice.

En Mirador de los Cerezos viven más de 300 familias, las cuales llevan un promedio de 15 años en casas de estrato 2 y 3. Muchas de estas personas llegaron como desplazados, y hay un alto número de propietarios de la tercera edad. Estas familias han hecho todo tipo de protestas, desde marchas hasta un taponamiento a la salida de Engativá rechazado por agentes del ESMAD el 24 de febrero.

Unas 700 casas en total deben ser demolidas en el borde de la pista norte del Aeropuerto El Dorado para permitir la extensión de la avenida Mutis hasta Funza. En los predios que deben ser liberados se encuentran bodegas, parques, locales comerciales y hasta un parqueadero del SITP.  La vía facilitaría el acceso al Aeropuerto desde la Sabana Occidental, y permitiría descongestionar las calles 13 y 80 (lea también: Tercer carril entre Mosquera y Anapoima pone los ojos en la Calle 13).

“Nosotros no le pedimos al IDU una fortuna ni un apartamento muy lujoso”, dice Isabel Angarita, otra de las vecinas. “Ni siquiera les pedimos dinero: si ellos nos dan una casa igual y nos llevan nuestras cosas allá, nos quedamos contentos“, afirma.

Según un vocero del IDU, el Instituto se ha acercado personalmente a las personas que tienen una queja sobre este proceso, e invita a otras personas que tengan quejas para que se acerquen a sus oficinas a exponer las mismas. Aclaró que los valores presentados se basan en los avalúos catastrales y reconoció que se han presentado errores puntuales

El vocero aseguró que esta pelea, así como otras por la ampliación de la misma vía entre las avenidas Boyacá y Rojas, se ha politizado y ha sido aprovechada por concejales y ediles para hacer proselitismo con miras a las elecciones de octubre. Hasta el 27 de febrero habían sido notificadas 170 de las 280 casas a ser demolidas en la primera etapa de la obra, y hay varios procesos de expropiación en curso.

Pero según los vecinos, su pelea por recibir un proceso justo no ha sido atendida ni siquiera por el alcalde local de Engativá. “Es más”, aclara Peláez, “a nosotros nos dicen que no nos aceptan ninguna denuncia con abogado, que todos los trámites son personales. ¿A qué le temen?”, se pregunta.

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