Uber vs. Taxis: el decreto de la discordia

La normatividad para darle vía libre a la aplicación tardaría más de lo esperado y no sería para habilitar un nuevo servicio de transporte público.

Por PUBLIMETRO

Ni la amenaza de paro ni las protestas de los taxistas podrán frenar la inminente legalización de la aplicación Uber en Colombia. Eso está claro.

Sin embargo, contrario a lo que se ha dicho, el decreto para que el servicio sea legal no estará listo de la noche a la mañana y tampoco implica que interferirá drásticamente en la prestación del servicio de transporte público individual.

Al menos así lo asegura el viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán, cuyas declaraciones a inicios de esta semana sobre la mencionada legalización desataron una polémica que de no solucionarse podría poner en jaque la movilidad de Bogotá.

Ahora bien, es cierto que el Gobierno, a través de mesas de trabajo con distintas asociaciones y gremios, así como con Uber y los taxistas, ha venido trabajando en la reglamentación del servicio, pero el decreto anunciado por Estupiñán no estará listo en dos semanas, pues apenas está en su etapa inicial de concertación.

Este decreto, en todo caso, no es para darle vía a un nuevo servicio de transporte, como lo han hecho ver algunos voceros de los taxistas, sino a un servicio que sirve de canal entre el usuario y un servicio privado para movilizarse por la ciudad.

Estupiñán lo define como un “decreto que permita el cobro diferencial por unos servicios diferenciales”.

Así las cosas, para entender el decreto, hay que entender qué es Uber, que a ciencia cierta, no es un servicio de transporte.

Uber es una aplicación móvil que se usa para contratar servicios de vehículos privados, más conocidos como ‘taxis blancos’, cuyo servicio solo se puede pagar con tarjeta de crédito.

Por este servicio, que se presta de manera exclusiva y en un carro de servicio especial, se paga entre 30 y 50 por ciento más que un taxi normal. Sin embargo, las tarifas no son calculadas por taxímetros o unidades, sino por recorridos, pactados antes de que inicie el servicio.

En ese sentido, el decreto en el que trabaja el Ministerio es para dar vía libre al uso de la aplicación que sirve de enlace entre el usuario que quiere un servicio exclusivo y puede pagarlo con la tarjeta de crédito y la empresa privada que tiene capacidad para prestar ese servicio exclusivo y recibir ese método de pago.

“Uber no es una empresa que se habilite para la prestación de servicio de transporte púbico, es una empresa de tecnología y lo que estamos haciendo a través de este decreto es generar los espacios para que los colombianos puedan tener unos servicios diferenciales y los que presten este servicio puedan cobrar de esa manera”, explica el mismo Estupiñán al aclarar que, en todo caso, el decreto no es solo para autorizar a Uber, sino a todas las aplicaciones que puedan ofrecer dicho servicio.

Michael Shoemaker, gerente de Uber para Colombia, señala que el servicio que presta   acapara apenas el 1% del mercado. “No se trata de quitarle el trabajo a los taxistas, sino de prestar un servicio exclusivo a usuarios con mayor capacidad de pago. Apoyamos que se establezca una normativa para servir de enlace entre el usuario y ese servicio”.

No

Hugo Ospina, vocero del gremio de los taxistas en Bogotá, se mostró molesto con la futura implementación del mencionado decreto. “El presidente Juan Manuel Santos, en acto de campaña, nos prometió que iba a sacar a Uber del país y nos está incumpliendo. Si ese decreto se firma, no vamos a tener otra opción que irnos a paro indefinido (sería el 30 de julio) y bloquear vías en Bogotá y el resto del país.

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