Bogotá

La macabra historia detrás del agente del CTI colgado de un puente de la 26

Ante un juez de Control de Garantías, la Fiscalía afirmó que seis policías habrían incidido en la muerte del agente del CTI José Darío Restrepo, ocurrida el 9 de mayo del 2013, cuando fue hallado ahorcado en uno de los puentes de la calle 26, en el centro de Bogotá.  

«En el análisis sicológico no se encontraron rasgos en su personalidad que determinaran un suicidio por decisión propia», dijo la Fiscal, quien además señaló que «Restrepo fue víctima de tortura sicológica por parte de los miembros de la Policía, que lo llevaron a tomar la decisión».  

Se trata del subteniente Jaime Andrés González; los patrulleros Edwin Fernández Agudelo y César Eduardo Bolívar; y los intendentes Jorge Eliécer Hernández Suárez, Julián Yesid Arias Galindo y Álvaro Pachón Bernal.   

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Para el ente acusador, estos uniformados serían los responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad, prevaricato por omisión, falsedad en documento público, ocultamiento de documentos y peculado por apropiación.  

Según la Fiscalía, estas personas habrían omitido información importante a las autoridades que ayudaría a esclarecer el presunto suicidio del agente investigador y además habrían ejercido presiones sicológicas en Restrepo para que él tomara la decisión de suicidarse.   

Los hechos:

El 9 de mayo de 2013 el agente José Darío Restrepo fue con su compañero Ómar Daniel Mateos a compartir unos tragos en el centro de Bogotá.  

«Sobre las 4:00 de la mañana se registra una riña en el lugar y llega la Policía, lo que hace que Restrepo le entregue su arma de dotación a Mateos, quien es capturado por las autoridades por portar un arma. Restrepo también es detenido por, presuntamente, tratar de escapar del lugar», narró la fiscal del caso durante una audiencia contra los policías detenidos, realizada este jueves.  

Entre las pruebas de el ente acusador se encuentra la declaración jurada de Mateos, quien afirma que él en compañía de Restrepo «fueron capturados y montados en una patrulla de policía, pero unas cuadras adelante del lugar donde sucedió la riña, la patrulla se estaciona y Restrepo se baja para hablar con los uniformados, es ahí cuando «cierran la puerta del carro  y arancan dejando a Restrepo», dijo la fiscal.  

Según las declaraciones de Mateos, en varias oportunidades Restrepo les dio a conocer a los patrulleros que él era un agente de la Fiscalía, sin embargo, los uniformados, al parecer, no prestaron atención.  

Luego José Darío Restrepo de 34 años, apreció muerto colgado de un puente en la calle 26 con Avenida Caracas. Se dice que se trató de un suicidio. Restrepo se habría ahorcado con su propia correa.  


Las irregularidades:

Según la Fiscalía, las irregularidades del caso empiezan cuando se descubre que los gentes de la Policía que hicieron efectivo el operativo de captura, no reportaron que Restrepo era un agente del CTI.   

En ese sentido, el intendente Jorge Eliécer Hernández Suárez, habría guardado las petenencias del agente del CTI sin reportarlas a las autoridades judiciales.  

«Debió haber dado a conocer la información que conocía del señor Restrepo», dijo la Fiscal refiriéndose al intendente  Hernández Suárez, quien -según la investigación-, habría guardado en su vivienda los documentos (carnet de universidad y carnet de la Fiscalía) y las pertenencias de Restrepo.  

Lo que para la Fiscalía indica algunas irregularidades en los hechos que rodearon el presunto suicidio de Restrepo y que también involucran a los otros uniformados.  

Otra de las irregularidades estaría referida a la inspección técnica del cadáver,  pues existirían evidencias que corroboraría que la correa con la que se ahorcó Restrepo no sería de su propiedad. «Durante la inspección técnica no se encontraron huellas dactilares en la correa (…) la Fiscalía no entiende por qué no se encuentran huellas en la correa con la que supuestamente, se suicidó Restrepo», enfatizó la Fiscal.  

La representante del ente acusador aseveró que las investigaciones dan cuenta de la presunta tortura psicológica que sufrió Restrepo por parte de los uniformados, lo cual «lo habría llevado a tomar la decisión», dijo.  

De ser encontrados culpables los oficiales deberán pagar una condena de más de 10 años de cárcel.

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