Se aplaza audiencia de acusación a coroneles por caso grafitero

Por Colprensa

Por la ausencia de uno de los abogados de los implicados, se aplazó la diligencia en la que la Fiscalía General pretendía acusar formalmente a los coroneles José Javier Vivas Báez y Nelson Arévalo, señalados de haber participado en la manipulación de la escena del crimen en la que falleció el joven Diego Felipe Becerra,  conocido como el ‘grafitero’, ocurrido en 2011.

La acusación que quedó programada para el próximo 21 de abril también será en contra de Nubia Mahecha, esposa del conductor del bus quien presentó la denuncia por hurto en contra de Becerra Lizarazo, y es procesada por falso testimonio, fraude procesal y favorecimiento en homicidio.

La diligencia se realizaría se ante el Juzgado Sexto de Conocimiento en donde el representante del ente acusador pretendía explicar porque los coroneles fueron señalados de ser los responsables de los delitos de favorecimiento en homicidio, fraude procesal, porte ilegal de armas, y falsedad en documento.

La Fiscalía pretendía argumentar, basándose en el escrito de acusación de 63 páginas, que existió manipulación de las pruebas en el lugar donde el joven grafitero, Diego Felipe Becerra Lizarazo recibió un disparo mortal por parte del patrullero de la Policía Metropolitana, Wilmer Antonio Alarcón. Hechos ocurridos el 19 de agosto de 2011.

Según las investigaciones de la Fiscalía, en dicha manipulación participaron varios miembros de esa Institución, de diferentes rangos “con el único fin de desviar el curso de la investigación e inculpar al joven de 16 años de participar en un atraco a los pasajeros de un bus de servicio público”.

En este caso, para la Fiscalía, los coroneles José Javier Vivas Báez, quien para la época de los hechos era Subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y Nelson de Jesús Arévalo, quien fungía como comandante de la estación de la localidad de Suba, conocieron lo supuestamente planeado, argumentando que también estuvieron en la escena del crimen.

En ese sentido, en el documento se explica que los coroneles sabían que los uniformados buscaron un arma de fuego con el fin de ubicarla en la escena del crimen con el fin de darle ‘legalidad al disparo que el patrullero Wilmer Alarcón le dió a Becerra. 

La Fiscalía General anunció que por este proceso se tendrán en cuenta 58 testigos y 54 pruebas documentales. Entre las pruebas testimoniales se tiene investigadores, familiares de la víctima y los policías que participaron en los hechos, de los cuales algunos ya han sido procesados penalmente.

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