Centros educativos cerrados, cruceros que deciden evitar el país y miles de cirugías postergadas.
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Costa Rica pasa por su mayor huelga en casi veinte años y el paro, liderado por sindicatos públicos del sector educativo y sanitario, no parece tener fin.
La protesta comenzó el pasado 10 de septiembre con una manifestación en la capital contra la reforma financiera que quiere aprobar el nuevo gobierno de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y que se encuentra bajo discusión en el Congreso.
Desde entonces, se han sumado personas de múltiples sectores y producido concentraciones en diversas partes del país para rechazar lo que informalmente denominan como "el combo fiscal".
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"Es un movimiento muy fuerte", destacó el presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilbert Díaz, en declaraciones a BBC Mundo. El líder sindical aseguró que "el 98%" de los trabajadores de este sector se unió a la huelga.
Los sindicatos consideran que la propuesta fiscal de Alvarado perjudicará a la clase media y baja.
El gobierno, por su parte, niega ese extremo.
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"Quienes tienen más dinero son los que estarían cargando con la mayor parte de los recursos que va a recaudar esta reforma", afirmó en declaraciones a BBC Mundo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez.
El partido de gobierno destaca la necesidad de aprobar esta medida para paliar la crecida del déficit fiscal y de la deuda. Se estima que en 2018 la deuda del sector público equivaldrá al 50% del PIB, el doble que hace diez años, y que el déficit fiscal superará el 7%.