Las propiedades de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, son el nuevo escenario de la última saga de supuesta corrupción que sacudió al país.
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En la noche del miércoles, el Senado aprobó el pedido del juez Claudio Bonadío de allanar un apartamento y dos casas de Kirchner.
El martes, miles de personas salieron a la calle a pedir que se realizara el procedimiento.
Las investigaciones son parte del ya famoso caso de los "cuadernos de las coimas", una serie de anotaciones hechas por Oscar Centeno, chofer de un exasesor de Kirchner, que detallan lo que se supone es un complejo esquema de sobornos de empresarios y contratistas del sector público.
Dos decenas de exfuncionarios kirchneristas ya fueron puestos en prisión preventiva como parte de la causa, la primera en la historia reciente del país en emplear una ley del arrepentido que da absoluciones a cambio de información.
Varios kirchneristas, hoy en calidad de protección de testigos, han acusado a la expresidenta de ser la cabeza de un esquema de corrupción que supuestamente se alargó por años.
La hoy senadora goza de una inmunidad parlamentaria que obliga a la justicia a someter al Congreso cualquier procedimiento judicial, entre ellos los allanamientos o la privación de libertad, que por ahora está fuera de discusión.
Es por eso que Bonadío, quien ya investiga a Kirchner en otras cinco causas de corrupción, pidió permiso al Congreso para realizar los allanamientos, aprobados por 66 votos a favor y 0 en contra.