En la República de Irlanda rige una prohibición casi total del aborto, no obstante miles de mujeres y niñas se someten a esa intervención viajando a otros países o lo hacen ilegalmente.
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En vista de eso, el gobierno acordó a someter a referendo, este mayo, una reforma a la restrictiva ley.
La consulta popular decidirá si revocar la llamada Octava Enmienda de la Constitución, que efectivamente veta la interrupción de un embarazo.
Irlanda tiene unas de las leyes más estrictas del mundo contra el aborto: solo se permite cuando la vida de la madre está en riesgo, pero no en casos de violación, incesto o inviabilidad fetal por defectos.
Estas normas se comparan con las leyes de algunos países en América Latina, como El Salvador, que contempla largas penas de prisión para la mujer que se someta a un aborto, no importa las circunstancias.
Nicaragua y República Dominicana han reformado sus leyes para prohibir todas las formas de aborto.
En Chile, en septiembre de 2017, la presidenta Michel Bachelet promulgó la ley de despenalización del aborto en tres causales: riesgo de vida a la madre, inviabilidad fetal o violación.
Solo dos países fuera de América Latina consideran ilegal el aborto: Malta y Vaticano.
