En Estados Unidos el acoso sexual a las mujeres pobres por parte de caseros, agentes inmobiliarios y la industria de la vivienda puede dejarlas en la calle.
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Khristen Sellers es un vivo ejemplo de cómo esto puede ocurrir.
A sus 29 años y después de haber sufrido abusos sexuales, haber sido detenida y pasar un tiempo en prisión, se disponía a reiniciar su vida junto a sus hijos.
Decidió comenzar desde cero en su ciudad natal, Laurinburg, en Carolina del Norte (Estados Unidos), una de las zonas más pobres del estado. Para ello necesitaba una casa.
La agencia inmobiliaria pública Four-County Community Services le ofreció una oportunidad para conseguirla. Se trataba de una casa remolque de tres dormitorios a las afueras de Laurinburg.
Sellers aceptó sin pensarlo pero fue ahí donde empezó su pesadilla.
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Tuvo que solicitar acogerse al programa público de vivienda llamado Housing Choice Voucher Program. Este sistema permite a 2,1 millones de estadounidenses con bajos ingresos pagar todo o parte de su alquiler a caseros particulares mediante unos cupones o vales que financia el gobierno federal.
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Conseguir entrar en el programa es difícil. Las solicitudes son numerosas y las plazas y fondos muy limitados.
En Laurinburg, además, la única agencia inmobiliaria con permiso para dar estos vales era Four-County y había gente en lista de espera desde hacía 10 años.
