Tras la decisión de la Fiscalía de embargar y secuestrar las acciones de Inassa en la empresa Triple A, la entidad ahora bajo el dominio del Gobierno Nacional y el Distrito, es mucho lo que desconoce la opinión pública sobre cómo se robaron estos recursos públicos, que pagaron los barranquilleros y cómo estos llegaron a llenar los bolsillos de altos directivos de la empresa.
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El escándalo se destapó cuando el ciudadano español Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de la Junta Directiva de Triple A, apareció involucrado en los Papeles de Panamá en 2016, relacionado con tres sociedades offshore con sede en Hong Kong lo que motivó una exhaustiva investigación en España.
Al igual que el caso de Electricaribe, empresa pública, también intervenida por el Estado, que está siendo investigada por la Contraloría desde 2017 porque utilizó más 78.500 millones de pesos, que eran para subsidiar 600 mil usuarios de los estratos uno y dos, con el objeto presuntamente ilegal de disminuir sus pérdidas.
Por este caso, la Fiscalía llamó a interrogatorio a dos representantes legales de Electricaribe y a tres alcaldes de la región Caribe. Hasta el momento no hay ninguna captura por las investigaciones contra Electricaribe.
Caso Triple A
Según la Fiscalía desde el año 2000 los directivos de la entidad estuvieron “saqueando” los dineros públicos de la empresa con supuestos contratos de asesoría técnica con los cuáles se habrían pagado doscientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y tres millones setecientos noventa y seis mil cinco pesos 236.853`796.005, valor que actualizado con el IPC, al cierre de agosto del año 2018, superaría los trescientos veintinueve mil millones de pesos 329.000`000.000, una cifra cercana a lo que el distrito de Barranquilla recauda anualmente por el impuesto predial.
Investigadores de la Procuraduría y la Fiscalía revisaron los documentos de contabilidad de la Triple A y encontraron que ninguno de los servicios de asistencia técnica, operativa o administrativa, se estuviera realizando. Por lo tanto esta desviación de recursos limitó el desarrollo de la empresa de agua y alcantarillado en Barranquilla.
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“La administración de la Triple A pasaría a ser 100% pública las acciones de Inassa no han sido en este momento objeto de extinción aún. Empieza el proceso, están embargadas, y en ese embargo se ha entregado la custodia de las mismas al gobierno Colombiano, quien conjuntamente con el gobierno Distrital debe respondernos tanto a la justicia, como a los ciudadanos por el bien suceso de la empresa”, señaló el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Hay evidencia fiscal que demostraría una supuesta desviación irregular de recursos con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II- y Slasa (compañía Panameña), que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (Estados Unidos). Esta maniobra financiera, al parecer, garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales de Inassa.
Los señalados (Recuadro)
El ente público determinó medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, consistente en la prohibición de salir del país y multas de 20 salarios mínimos legales, contra ocho altos exdirectivos de la entidad de servicios públicos domiciliarios: Francisco Olmos Fernández Corugedo, (nacionalidad española) exgerente de Triple A; Luis Fernando Arboleda González, exgerente de Triple A; Carlos Alberto Ariza Duque, exgerente de Triple A; Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A; Luis Alberto Nicolella de Caro, exgerente general de Inassa; Francisco Javier Malia Baro, (nacionalidad española), exgerente general de Inassa y Germán Sarabia Huyke, gerente de Inassa.
Del mismo modo, la fiscal de conocimiento impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra otros directivos de nacionalidad española, consistente en caución de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en contra de: Carlos Roca García, (nacionalidad española) actual gerente Inassa; Edmundo Rodríguez Sobrino, (nacionalidad española), expresidente de Inassa y Alberto Muguiro Eulate (nacionalidad española), actual presidente ejecutivo de Inassa.
Caso Navarro
La Fiscalía imputó al exgerente de Triple A, Ramón Navarro, como uno de los presuntos responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado.
El ente fiscal detalló las 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y 4 contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable.
Navarro ofreció reparar al Distrito
En abril de este año el exgerente de la Triple ofreció reparar al Distrito de Barranquilla, al tiempo que la empresa se constituyó como víctima dentro del proceso por la multimillonaria defraudación.
“Frente al ofrecimiento de la defensa del señor Ramón Navarro Pereira de reparar al Distrito de Barranquilla, la empresa Triple A informa que también se constituyó como víctima dentro del proceso penal que cursa en la Fiscalía 38 de la Unidad Anticorrupción de Bogotá”, informó la empresa.
El concejal de Barranquilla, Juan Camilo Fuentes, calificó como “inaudita” la propuesta del exgerente Navarro, quien se encuentra actualmente con detención domiciliaria en su mansión en Lagos del Caujaral, de devolver 900 millones de pesos, “aun cuando aceptó que se apropió de 27.000 millones de pesos”.
El pasado 14 de septiembre el exgerente Navarro y el exgerente de la empresa en 2018, Ramón Hemer, comparecieron en una audiencia de versión libre por el escándalo en esa entidad a raíz del presunto pago de 80 millones de dólares a la multinacional española Inassa.
Abordado por diversos medios de comunicación, Navarro dijo no tener «nada que decir». Hemer igual dijo que «todo estaba en el escrito».
¿Qué dicen los gremios?
El Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata, cuestionó las recientes decisiones judiciales adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, en la empresa Triple A.
“Nosotros estamos consternados con esto que está sucediendo (en la Triple A) en los últimos días. Es la antítesis de lo que habíamos advertido a los entes de control para que no se metieran con la empresa” expresó.
Plata advirtió que dejar a Triple A en manos de la SAE, vía extinción de dominio, pone en riesgo la estabilidad financiera, administrativa y operativa de la empresa por lo cual representa para la ciudad una grave amenaza de perder la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que han sido modelo a nivel nacional.
Sobre Electricaribe
La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, anunció esta semana que la fecha definitiva para que las empresas manifiesten su interés en ser el nuevo operador de Electricaribe es el próximo 2 de noviembre y en febrero del 2019 deberán presentar su propuesta técnica para que finalmente en marzo sea elegido el nuevo operador.
La frase: “Triple A se ha entregado la custodia de las mismas al gobierno Colombiano, quien conjuntamente con el gobierno Distrital debe respondernos tanto a la justicia, como a los ciudadanos”, fiscal Néstor Humberto Martínez.
La cifra: 329.000`000.000 cifra cercana a lo que recauda Barranquilla en su impuesto predial al año 2018 fueron desviados con contratos ficticios en Triple A.
