Varias investigaciones de medios españoles y colombianos que comenzaron en 2016 destaparon cómo presuntamente la empresa Canal de Isabel II, y a su filial Inassa dueña de Triple A, a través de sus dirigentes, vinculados en Los Papeles de Panamá, se habrían adueñado del negocio del agua en Barranquilla.
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La revista Semana fue el primer medio colombiano que en 2016 publicó un extenso artículo, en el que se refirió a los debates y a los despidos, que ocurrieron al interior de la empresa española. Sobre todo, con énfasis en la salida de Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de la Junta Directiva de Triple A, quien apareció involucrado en los Papeles de Panamá, relacionado con tres sociedades offshore con sede en Hong Kong.
En medio de los debates la Revista Semana subrayó que “los partidos como el PSOE, Podemos y Ciudadanos les preguntaron a varios directivos cómo se financió la operación en América, por qué a sus usuarios –en su mayoría de escasos recursos– se les incrementaron los servicios hasta en un 1.000 por ciento en la última década, y si era cierto que usaban medidas de fuerza para cobrar la factura”.
Además, el artículo reveló que en 2002 y 2015 sus filiales generaron utilidades por más de 62 millones de euros, dineros provenientes en su mayoría de Colombia.
El secreto de Edmundo Rodríguez Sobrino era mantener “buenas relaciones políticas con las provincias para acceder a las concesiones” y que, según Semana, “compraron las empresas con la cédula, las fortalecieron con la misma plata de los usuarios y, además, les habrían sacado millonarias utilidades no solo para el grupo, sino para directivos y políticos españoles, especialmente del PP.”.
El artículo narra cómo a través de complicadas operaciones Inassa fue aumentando su participación costándole finalmente a Barranquilla, que terminó con los años con solo el 13 por ciento de la propiedad, mientras que Triple A no habría aportado “un solo peso a la operación local”.
Finalmente, Semana señala un artículo y un video publicado por la Cadena Ser de España en 2009 en el que muestra cómo Edmundo Rodríguez Sobrino fue espiado con cámaras en Cartagena, Barranquilla y Bogotá.
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Destacan un episodio ocurrido en Cartagena donde Rodríguez Sobrino habría ingresado a una casa en el Centro Histórico portando unas bolsas y que finalmente él y sus acompañantes habrían salido sin las bolsas del lugar. Se especula que, en las mencionadas bolsas, llevaban los dineros para repartir sobornos y comisiones en la costa Caribe.
El caso
Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de la Junta Directiva de Triple A, fue destituido de su cargo debido a una decisión tomada en España por la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, casa matriz dueña de un 67,9% de la compañía.
Medios españoles, como El Confidencial, publicaron que Cristina Cifuentes justificó la destitución de Edmundo Rodríguez, por la “pérdida de confianza” e incompatibilidad de sus negocios con la empresa.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, además pidió en 2016 que el gerente de Triple A, Ramón Navarro, también implicado con empresas en el bufete Mossack Fonseca fuera investigado.
Cifuentes dio instrucciones para que en Barranquilla “convoquen la Junta de Triple A, que se rige por la legislación colombiana, a fin de estudiar si es procedente separar del cargo al gerente Ramón Navarro Pereira, quien también aparece involucrado en el escándalo de los ‘Papeles de Panamá”.
A raíz de la controversia Ramón Navarro Pereira gerente de Triple A presentó renuncia a su cargo en Barranquilla en octubre de 2016 y sigue involucrado en la investigación. En marzo de 2018 Navarro fue capturado por el CTI en el norte de Barranquilla como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado. Actualmente Navarro se encuentra en detención domiciliaria en la capital del Atlántico.
El lobby de Álvaro Uribe
Inassa habría hecho Lobby ante el entonces presidente Álvaro Uribe para que no se terminara concesión a la Triple A. Estas revelaciones están contenidas en varios audios de una declaración de Edmundo Rodríguez ante un fiscal español difundidas el 26 de junio de este año por Caracol Radio.
En sus declaraciones, ante un fiscal español, el exrepresentante de Canal de Isabel II en Latinoamérica, se refirió a un lobby que personalmente hizo ante el expresidente Álvaro Uribe Vélez para que en el año 2008, no se diera por terminada la concesión de la empresa Triple A para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad.
“La alcaldía de Barranquilla había decidido acabar esa concesión, acabar con los 13 años que quedaban”, dijo Rodríguez.
Recordó que para la época tenía la percepción de que en la ciudad “habían muchos actos hostiles” contra la concesión. “Tuve miedo de perder y lo anuncié a Canal de Isabel II” señaló.
Declaró que entonces, en medio de la crisis, y por el temor de que se terminara la concesión aún faltando más de una década, “propuse una visita del presidente del Canal a Uribe para explicarle que Canal era una empresa sólida, que no éramos unos aventureros, para que le viera cara y ojos a aquello”, indicó el expresidente de Triple A.
“Ese viaje lo organicé un mes de agosto”, precisó Rodríguez Sobrino.
“Nos reunimos con Uribe un lunes y el pecadillo fue haber volado un sábado a Cartagena de Indias. El domingo fuimos hacer un paseo por la playa y nos trajeron unas bolsas blancas, famosas, del espionaje este. Y sólo contenían merchandising de la empresa”, precisa la información de Caracol Radio.
Habló Rodríguez de lo que eran sus malas relaciones con el alcalde de Barranquilla para la época Alejandro Char, por lo que se optó por decirle a Uribe “ayúdenos presidente a convencer al alcalde para que no se nos quite la concesión aunque éste no tenía potestad sobre el alcalde porque eran dos fuerzas políticas diferentes”.
En su declaración ante el fiscal español, el exrepresentante de Canal Isabel II en Latinoamérica dijo que “no recuerdo si nos entrevistamos con el alcalde” y respondió al interrogatorio “nunca haber entregado dinero a la alcaldía porque además es un señor que tiene miles de millones de dólares, dueño de cadena de supermercados”, según citó la cadena radial.
Rodríguez Sobrino relató que tras el lobby político se logró una concertación con el Distrito: “se amplió la concesión y se pagaron unas regalías al Distrito, cosa que antes no se hacía”.
Acción de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación en octubre del año pasado solicitó la suspensión del contrato entre la Triple A e Inassa por el presunto pago de servicios de asesoría técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica del acueducto, aseo y alcantarillado que no estarían siendo suministrados.
El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció en mayo de este año la presentación de una acción popular que permita recuperar 80 millones de dólares de la Triple A – Inassa para ser invertidos en el mejoramiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla.
“Aquí estamos hablando concretamente de la posibilidad de recuperar esos recursos para que se traduzcan, insisto, en la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos”.
El jefe del Ministerio Público indicó que la acción judicial adelantada es consecuencia de las investigaciones que la Procuraduría y la Fiscalía han hecho en conjunto. Por este caso se inició juicio disciplinario a Ramón Navarro Pereira, Julia Margarita Serrano Monsalvo y Ramón Heráclito Hemer Redondo, en su condición de gerentes generales de la Triple A, por hechos relacionados con la ejecución del contrato de asistencia técnica suscrito entre Inassa y Triple A.
“Es trascendental lograrlo porque en el caso de la corrupción no se trata únicamente de las sanciones de carácter penal, se trata las sanciones de carácter social, patrimonial y fiscal”, indicó Carrillo.
Lo que ha dicho Triple A
Para la Procuraduría existen indicios que permiten inferir que no se ha recibido por parte de Inassa la mencionada asesoría, por la que se ha pagado 221.752 millones de pesos.
Sin embargo Triple A reconoce pagos por 94.761 millones de pesos. “Inassa ha venido transfiriendo conocimiento técnico y experiencia acumulada en los procesos productivos de gerenciamiento, control y de gestión operativa, administrativa, comercial y tecnológica para el manejo idóneo de la infraestructura de acueducto, aseo y alcantarillado. Respecto a los pagos por Asistencia Técnica, nos permitimos puntualizar que estos fueron: Pagos recibidos por Insassa por concepto de asistencia técnica según Inassa: año 2012, 15.485.918.025; en 2013, 14.089.072.556; en 2014, 16.794.987.078; en 2015, 15.543.131.783; en 2016, 16.345.762.358 y en 2017, 16.502.104.842, para un total de 94.760.976.641 millones de pesos”, describió la empresa en un comunicado.
Al solicitar la cancelación del contrato, la Procuraduría recordó a la Triple A “que tiene a su cargo velar por los intereses de todos los accionistas –incluido el público que en este caso es el Distrito de Barranquilla– y los derechos de los usuarios de los servicios públicos”.
La investigación de los organismos de control colombianos continúa hasta esta fecha sobre la empresa.
Lo que pide el Distrito
Distrito de Barranquilla le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, “la práctica de una peritación altamente tecnificada” al contrato de asistencia técnica de la Triple A, dentro de la acción popular de la Procuraduría contra la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla- Triple A.
La demanda fue respondida por Luiggy Osvaldo Muñoz Llinás, en representación del Distrito, y en ella se fija una “posición” del Distrito, que en caso de constatarse los hechos de la demanda, “se consideraría víctima de lo acontecido y pediría ser resarcido de los perjuicios causados”.
El Distrito espera que el peritaje del contrato de asistencia técnica sea completo y lo analice desde su desarrollo, ejecución y resultado contable y financiero.
Según la petición del abogado del Distrito, “más que coadyuvar plenamente con la parte demandante, que implicaría afirmar que la empresa Triple A S.A. E.S.P. con la celebración y desarrollo del Contrato de Asistencia Técnica está afectando los servicios públicos, violando la Moralidad Administrativa, la Legalidad y el Patrimonio Público, el Distrito asume que el mencionado contrato fue celebrado en un momento histórico de debilidad financiera y organizacional de la empresa con una precariedad de los servicios públicos en la ciudad”.
Con esta solicitud, “independientemente de la legalidad con que el Distrito en su oportunidad apoyó el mencionado contrato, en la actualidad, sin apresuramientos ni calificaciones unilaterales, se preocupa por el desarrollo y ejecución que se le ha dado al mismo a partir de la presentación del tema y a los eventos planteados por los órganos de control, por lo que sí respalda a la autoridad judicial en la necesidad de examinar y constatar con detenimiento la posible vulneración de los derechos e intereses colectivos indicados en la demanda” .
La frase
“Estamos hablando de la posibilidad de recuperar recursos para que se traduzcan en la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos”, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez.
La cifra
80 millones de dólares es la cifra que espera recuperar la Procuraduría por una asistencia técnica de Inassa que no estaría siendo suministrada.
