La compañía Bavaria presentó una caución por $84.000 millones que sirve de garantía para el pago de la deuda que mantiene con la Gobernación del Atlántico por concepto del impuesto a la estampilla Cari, acreencia que a la fecha asciende a $66.000 millones. Esta figura jurídica evita que la Administración Departamental embargue las cuentas de la compañía.
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Esta caución funciona como una póliza mediante la cual una aseguradora garantiza que Bavaria tiene los recursos disponibles para pagar la acreencia una vez se resuelvan las acciones judiciales y administrativas pertinentes.
El secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Nader Orfale, indicó que a raíz de esta situación se abren dos posibilidades: que Bavaria pague; o que la compañía demande el auto (decisión del juez o magistrados) en el que la Administración Departamental resolvió las excepciones planteadas.
El secretario de Hacienda de la Gobernación, Juan Carlos Muñiz, explicó que la nueva reforma tributaria permite en este tipo de caso rebajar hasta 40 % el valor de la sanción, todo debidamente autorizado por la Asamblea Departamental que tiene la competencia legal y constitucional para tal efecto.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, señaló que la opción más idónea es una eventual negociación, debido a que esto le permitiría al Departamento tener recursos de manera inmediata, una demanda demoraría aún más el proceso.
“La sanción a cargo de Bavaria es una renta de libre destinación que podría invertirse en adecuación de hospitales, escuelas, parques entre otras obras para el beneficio para la población atlanticense”, explicó el gobernador Verano.
Antecedentes del caso
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Este proceso inició el 19 de septiembre de 2011 cuando la Gobernación del Atlántico sancionó a Bavaria por la no declaración al pago de la estampilla Cari en el año 2009.
A raíz de esto, Bavaria presentó una demanda contra la resolución que la sancionaba, pero la acción fue interpuesta de manera extemporánea por lo tanto se declaró la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que había presentado la compañía por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico, decisión que fue ratificada el 11 de junio de 2014 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Bavaria posteriormente interpuso acciones de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico por presuntos derechos vulnerados como al debido proceso.
El 12 de febrero de 2015 la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió amparar el derecho de acceso a la administración de justicia, tutela judicial e igualdad, y dejar sin efectos los autos del 4 septiembre de 2013 y 11 junio de 2014 proferidos por el Tribunal Administrativo del Atlántico y la Sección Cuarta del Consejo de Estado Respectivamente y ordenó continuar la audiencia.
Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado desató la tutela mediante providencia del 8 de octubre de 2015 que revocó la sentencia proferida por la Sección Quinta y negó la solicitud de amparo. Esta decisión fue ratificada por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-498/16 del 14 de septiembre del año pasado.
A raíz de este fallo, el 15 de diciembre de 2015, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la terminación del proceso de nulidad, decisión que fue notificada el 20 enero de 2016 y ejecutoriada el 26 de enero.
Una vez se tuvo la constancia de ejecutoria del fallo del Tribunal, la resolución sanción quedó en firme y la Gobernación del Atlántico libró un mandamiento de pago el 28 de abril de 2016 por $66.000 millones contra Bavaria. También se resolvieron excepciones contra el mandamiento de pago el 6 de septiembre de 2016.
Frente a esto la Administración Departamental estableció contacto con los directivos de la empresa con el propósito de lograr un acuerdo de pago de la deuda que en 90% corresponde a intereses sancionatorios.
