En la tarde del sábado 7 de junio, se registraron dos ataques simultáneos contra centros penitenciarios en el Valle del Cauca, específicamente en las cárceles de Buga y Tuluá, según reportes preliminares entregados por las autoridades.
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En la cárcel de Buga, se escucharon múltiples disparos dirigidos a una de las garitas de vigilancia. De acuerdo con el reporte del dragoneante Suárez Daniel, el autor del ataque fue un hombre que se movilizaba en una motocicleta RX. Afortunadamente, no se reportaron heridos entre los uniformados que custodian el penal.
De manera paralela, en la cárcel de Tuluá, fue lanzado un artefacto explosivo, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad. Las autoridades investigan el tipo de explosivo utilizado y si hubo afectaciones materiales o personas lesionadas.
Estos ataques se presentan en medio de una creciente tensión en Tuluá, epicentro de una reciente ofensiva contra el crimen organizado, particularmente contra la estructura delincuencial conocida como ‘La Inmaculada’. El incremento en la violencia ha sido interpretado como una retaliación por parte del grupo, tras el avance en el proceso de extradición de alias ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de dicha organización.
Como parte de la respuesta institucional, el Departamento de Policía Valle, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo medidas cautelares sobre seis predios urbanos y un establecimiento comercial vinculados a ‘La Inmaculada’. Entre los bienes incautados figuran tres casas, tres bodegas, tres vehículos y diez motocicletas, avaluados en $7.000 millones. Según las autoridades, estos bienes fueron adquiridos mediante finanzas criminales, producto de actividades como la extorsión y la monopolización de productos básicos de la canasta familiar.
“Con esta nueva acción policial continuamos el desmantelamiento de esta organización criminal”, señaló la Policía Nacional, destacando que en lo que va de 2025 se han realizado procesos de extinción de dominio sobre 1.023 bienes, valorados en más de $479.000 millones.
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No es la primera vez que la estructura de ‘La Inmaculada’ se ve afectada por medidas judiciales. En diciembre de 2024, la Fiscalía y la Policía ocuparon 21 bienes con fines de extinción de dominio, valorados en más de $1.600 millones. Estos bienes, que incluyen viviendas, vehículos, motocicletas y sociedades, habrían sido adquiridos con recursos derivados de actividades ilícitas como tráfico de drogas, homicidios selectivos y extorsión.
Las investigaciones adelantadas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio revelaron que los líderes de la banda colocaban los bienes a nombre de familiares y allegados, con el objetivo de ocultar su origen ilícito. Además, crearon sociedades de papel para dar apariencia de legalidad a sus propiedades.
Las propiedades se ubican en Tuluá, San Pedro (Valle del Cauca) y Tubará (Atlántico), y fueron objeto de medidas como embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes mientras avanza el proceso judicial.
La ofensiva estatal continúa, en medio de la amenaza de un grupo criminal como ‘La Inmaculada’, que ha declarado la guerra a las autoridades en el centro y norte del Valle del Cauca.
