En el municipio de Soacha, Cundinamarca, se vive una creciente polémica por el elevado costo del servicio de aseo y la aplicación de subsidios que, según denuncias ciudadanas y de congresistas, no cumplen con los estándares establecidos por la ley. Familias de estratos 1, 2 y 3 reportan aumentos de hasta un 400 % en sus recibos, lo que representa una carga económica significativa para uno de los municipios más poblados y con mayores necesidades del país.
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Los topes legales no se están cumpliendo
La representante a la Cámara Alexandra Vásquez denunció que el Concejo Municipal de Soacha aprobó subsidios muy por debajo de lo que permite la Ley 1450 de 2011. Mientras el marco normativo nacional establece que los subsidios al servicio de aseo deben ser:
- 70 % para estrato 1
- 40 % para estrato 2
- 15 % para estrato 3
El Acuerdo No. 40 de 2023, aprobado por el Concejo local, redujo esos porcentajes a:
- 17 % para estrato 1
- 13 % para estrato 2
- 4 % para estrato 3
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) confirmó esta decisión, argumentando que se debe a la situación fiscal del municipio. No obstante, la congresista Vásquez calificó la medida como injusta, señalando que “es imperdonable que no se aprovechen estos beneficios que la ley da para los ciudadanos”.
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En paralelo, Superservicios anunció un proceso de control tarifario a la empresa Urbaser Soacha, encargada del servicio de aseo, para verificar si los cobros realizados entre abril de 2021 y abril de 2024 se ajustan al régimen tarifario nacional. Si se comprueban irregularidades, la empresa podría ser objeto de sanciones administrativas.
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Por otro lado, se ha conocido que Soacha recibió para 2025 más de $35.743 millones del Sistema General de Participaciones (SGP), fondos que pueden destinarse al financiamiento de subsidios. Sin embargo, su distribución depende de las decisiones del Concejo Municipal y de la gestión del alcalde Julián Sánchez Perico, a quien diferentes sectores le exigen revisar el acuerdo vigente y presentar una nueva propuesta que aumente los porcentajes de apoyo a la población vulnerable.
Ante la presunta omisión de funciones por parte de las autoridades locales, Vásquez anunció que presentará una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación, lo que podría abrir una investigación disciplinaria.
