La situación social en el centro de Bogotá se intensificó tras la toma por parte de manifestantes de los baños públicos ubicados en la calle 12 #6-72, a escasos metros de la Plaza de Bolívar. La acción fue llevada a cabo por miembros de comunidades indígenas y organizaciones campesinas que permanecen en el lugar desde hace más de una semana, como parte de una jornada de movilización que exige respuestas del Gobierno Nacional.
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Según el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), funcionarios que operaban el servicio de baños fueron expulsados del lugar por los manifestantes, quienes adujeron que no permitirán el uso ni la administración del espacio hasta que no se abra una mesa formal de negociación con el Ejecutivo.
“Esta vía de hecho es una usurpación de un bien público, afecta la prestación del servicio a la ciudadanía y constituye un constreñimiento ilegal”, afirmó IDIPRON en un comunicado oficial, donde también se informó que la entidad presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para recuperar el control del inmueble.
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Además del impacto sobre la infraestructura, la entidad alertó que la acción afecta directamente a jóvenes en condición de vulnerabilidad vinculados laboralmente al manejo de estos baños a través de programas pedagógicos y de inclusión laboral. “Gracias a convenios interinstitucionales, muchos de estos jóvenes accedieron a su primer empleo en estos espacios”, añadió IDIPRON.
En la denuncia, el instituto solicitó a la Fiscalía que se garantice la seguridad de los trabajadores, se investigue lo ocurrido y se reactive el diálogo con acompañamiento institucional, para evitar la repetición de hechos similares.
