La movilidad humana enfrenta hoy un escenario global cada vez más complejo y desafiante. Conflictos, persecuciones, desigualdad y crisis climática obligan a millones de personas a desplazarse, muchas veces sin garantías de seguridad ni dignidad. En este contexto, Amnistía Internacional organiza el Skillshare sobre Migración 2025, un espacio que se desarrollará del 24 al 27 de abril en Bogotá, con el objetivo de repensar colectivamente el rol de la cooperación internacional y construir respuestas sostenibles frente a la creciente vulnerabilidad de personas migrantes y refugiadas, en especial de la población venezolana en Colombia. Bajo el lema “Cooperación en transformación”, el encuentro reunirá a organizaciones sociales, academia, instituciones públicas y sector cultural, para visibilizar experiencias, analizar retos y proponer soluciones innovadoras centradas en los derechos humanos. PUBLIMETRO habló con Nastassja Rojas, directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela, sobre las Políticas restrictivas y reducción de apoyo económico: desafíos crecientes para la población migrante.
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Entrevistador: Existe una gran preocupación por parte de las ONG y distintas organizaciones en el país. La noticia indudablemente es la reducción del presupuesto destinado a programas de atención a migrantes en Colombia. ¿Cómo analizan ustedes este panorama crítico a nivel nacional?
Nastassja Rojas Silva: Mira, como bien mencionas, la situación es bastante crítica. Hoy hacemos una reflexión sobre los riesgos de haber tenido, durante mucho tiempo, un único gran donante, y de que no se haya logrado una capacidad instalada más sólida. Sin embargo, así se dieron las dinámicas en su momento con la recepción migratoria en Colombia. Hoy no solo hablamos de la disminución del financiamiento por parte de Estados Unidos, sino también de una reducción previa por parte de Europa. Justo unos días antes de que se anunciara el recorte de la cooperación estadounidense, ya se había hablado de disminuciones desde otros países, producto de problemas globales y nuevas prioridades en sus agendas. Esto afecta directamente la tecnología, la atención y la calidad de vida de la población migrante, no solo en temas de asistencia humanitaria —esa ayuda inicial que reciben al ingresar al país—, sino también en procesos clave como la integración y la regularización.
Entrevistador: Amnistía Internacional está organizando un evento importante en Colombia, que se realizará en pocos días. Cuéntanos en qué consiste, y cómo pueden participar las personas migrantes.
Nastassja Rojas Silva: Desde Amnistía Internacional Venezuela en Colombia, nuestra labor está centrada en garantizar el acceso a derechos de la población migrante, y en el reconocimiento jurídico que merecen según los estándares internacionales. Año a año realizamos una actividad central que resume gran parte de nuestro trabajo. Este evento reúne a organizaciones de la sociedad civil, representantes de instituciones públicas —tanto a nivel distrital como nacional—, personas del ámbito académico, medios de comunicación y el sector privado. Queremos sentar en la misma mesa a todos los sectores que tienen relación con los sistemas migratorios en Colombia, para discutir la agenda del año, expresar preocupaciones y, sobre todo, plantear propuestas. Este año el enfoque estará en el impacto que tienen los cambios en la cooperación internacional, por eso el evento lo hemos denominado “Cooperación Integral”. Queremos abrir un espacio de diálogo, generar reflexión, pero también propuestas concretas, porque sabemos que la migración no se va a detener. Las necesidades siguen siendo urgentes, así que hay que hablar de alianzas, sinergias y nuevas fuentes de financiamiento que permitan atenderlas.
Entrevistador: Después de las elecciones en Venezuela, se hablaba de una posible nueva oleada migratoria. ¿Cómo están las cifras actualmente? ¿Qué proyecciones manejan para 2025?
Nastassja Rojas Silva: La situación es compleja porque el Estado venezolano no ofrece datos oficiales sobre la salida de personas. Además, tras el cierre de algunos mecanismos en Colombia, obtener cifras precisas se ha vuelto más difícil. Después del proceso electoral hubo un estancamiento: no disminuyeron las cifras, pero dejaron de crecer con la misma intensidad. Sin embargo, a finales del año pasado, Colombia registraba alrededor de 2.8 millones de personas venezolanas, según la medición de diciembre. Esto habla de una población ya integrada, en buena parte, a la sociedad colombiana. A nivel global, estamos hablando de casi ocho millones de personas venezolanas migrantes, lo cual representa el 25% de la población total de Venezuela. Recientemente, hubo una nueva devaluación de la moneda venezolana y se emitió otro decreto de emergencia económica. Ya conocemos, por experiencias anteriores, el impacto de este tipo de medidas. Por eso, es muy probable que en los próximos meses volvamos a ver un aumento en el número de personas saliendo del país.
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Entrevistador: Natasha, ustedes llevan tiempo consolidando este evento. Ante la reducción de apoyo económico, ¿ cuál es el llamado que hacen para encontrar soluciones que realmente transformen esta realidad? ¿Qué deben hacer las organizaciones para seguir operando?
Nastassja Rojas Silva: Queremos hacer varios llamados clave. El primero, a la población migrante: deben seguir informándose sobre los mecanismos de inserción en los lugares de acogida, para hacerlo de la forma más segura posible. Aún ingresando de manera irregular, el Estado colombiano está obligado a garantizar derechos básicos, como el acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes. También hacemos un llamado al sector privado: los indicadores demuestran que la llegada de población migrante ha tenido un impacto positivo en la economía. Son personas que se integran al aparato productivo, pagan impuestos, consumen, y aportan al desarrollo del país. Es hora de cambiar la mirada. No se trata de una carga, sino de una oportunidad. Por eso necesitamos generar diálogos entre sectores, articular con la academia, el sector productivo, y escuchar las voces migrantes para potenciar sus competencias y enriquecer la sociedad.
Entrevistador: Otro de los temas destacados es la preocupación, tanto de la comunidad internacional como de Amnistía Internacional, por las deportaciones masivas, especialmente de ciudadanos venezolanos que están siendo expulsados desde Estados Unidos hacia El Salvador. ¿Cuál es la posición de su organización frente a esta problemática?
Nastassja Rojas Silva: Nuestra posición ha sido siempre muy clara: migrar no es un crimen, no es un delito. Migrar es, además, un derecho, especialmente en contextos tan complejos como la emergencia humanitaria que se vive en Venezuela. La movilidad humana es un proceso natural de los seres humanos, incluso de otros seres vivos. Por eso, nuestro primer llamado es a reconocer este derecho, a no criminalizarlo. En segundo lugar, toda persona migrante merece y tiene derecho a un debido proceso judicial y administrativo. Y eso es precisamente lo que no se está garantizando en estos casos. Lo que está ocurriendo con estas expulsiones masivas, que ni siquiera son procesos formales de deportación porque no siguen los canales legales ni administrativos establecidos, viola los estándares internacionales de derechos humanos. Por eso, desde Amnistía Internacional estamos impulsando la campaña “No más abusos contra las personas migrantes”, haciendo un llamado urgente a frenar estas prácticas que vulneran gravemente los derechos de quienes buscan protección.
Lina Robles: Con respecto a la población refugiada, ¿cómo está el panorama actual, tanto en Colombia como a nivel regional, según el seguimiento que hacen desde su organización?
Nastassja Rojas Silva: En el caso de Venezuela, estamos hablando de una cifra cercana a ocho millones de personas migrantes y refugiadas en el mundo, de las cuales más de seis millones están en América Latina. Lo particular de esta situación es que, a pesar de estas cifras, el número de personas que han sido reconocidas formalmente como refugiadas por los países es muy bajo: menos de un millón. Desde Amnistía Internacional sostenemos que la mayoría de estas personas cumple con todos los criterios establecidos en la Declaración de Cartagena para ser reconocidas como refugiadas. Esta declaración amplía el concepto tradicional de refugio e incluye a quienes huyen por violencia generalizada, conflictos internos, violaciones masivas de derechos humanos u otras circunstancias que perturban gravemente el orden público. Sin embargo, cada país ha impuesto criterios más altos y restrictivos, otorgando ese estatus con mucha discrecionalidad, lo cual ralentiza el proceso y desincentiva a las personas a solicitar el reconocimiento. Además, por miedo a ser deportadas si se les niega el estatus, muchas personas renuncian a ejercer ese derecho, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
Entrevistador: ¿Nos puede recordar la fecha, lugar y acceso al evento Skillshare sobre Migración 2025 en Bogotá?
Nastassja Rojas Silva: Claro. Nuestra actividad tiene varios momentos clave, comenzando el 24 de abril con una jornada técnica de conferencias y mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Esto será de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en la Universidad EAN, con previa inscripción y aprobación, debido al control de aforo. Las personas interesadas pueden seguirnos en redes sociales, en @amnistia en X e Instagram así como @unavozxlaigualdad en instagram. donde encontrarán toda la información del evento. Del 24 al 27 de abril, además, realizaremos proyecciones de documentales y películas, la mayoría con acceso libre, en espacios como el Centro Felicidad de Chapinero, acompañados de paneles de reflexión.
La cifra: “Más de 8 millones de personas venezolanas migrantes: 25% de la población total del país.
