Por medio de un boletín de prensa, la Fiscalía General de la Nación le dio a conocer a la opinión pública un preocupante caso de mal manejo de alimentos que se presentó en el departamento de Boyacá. El ente acusador judicializó a Deiber Daniel Casteblanco Velásquez y Daniel Casteblanco Reyes, dos presuntos responsables de operar un matadero clandestino de animales bovinos y equinos.
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El establecimiento clandestino estaba ubicado en la vereda La Concepción del municipio de Cómbita, Boyacá.
“Estas personas, al parecer, compraban vacas, terneros, caballos, toros o búfalos muertos o enfermos, los sacrificaban en medio de pésimas condiciones de salubridad y comercializaban la carne como si fuera un producto en perfecto estado a propietarios de famas, salsamentarias y restaurantes de Bogotá, Tunja y otros municipios de Boyacá”, explicó el ente investigador.
Una vez las autoridades inspeccionaron el matadero pudieron verificar que tampoco tenía otros documentos claves para operar, como los permisos ambientales y sanitarios que están dispuestos en la ley.
Así mismo, indicaron que no estaban haciendo un adecuado manejo de la cadena de frío de la carne, clave para garantizar su buen estado. Además, encontraron que en el matadero estaban generando afectaciones tanto al suelo como a las fuentes hídricas del sector donde estaba operando debido a la mala disposición de residuos sólidos y líquidos.
“En diligencia de registro y allanamiento realizado en coordinación con la Policía Nacional se incautó una tonelada y media de carne que se estaba lista para la venta, y fueron recuperados 14 animales, 9 de ellos en precario estado de salud”, informó la Fiscalía.
Les impusieron casa por cárcel
El ente acusador también comunicó que un fiscal de la Seccional Boyacá les imputó a Casteblanco Velásquez y Casteblanco Reyes los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, daños a los recursos naturales y maltrato animal.
Por último, se conoció que la decisión del juez de control de garantías que revisó el caso les impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
