El pasado 18 de marzo, sobre las 9 de la noche, las cámaras de seguridad de un paradero cerca a la Plaza 2 de Mayo, en la ciudad de Lima, Perú, grabaron el brutal ataque contra una joven que fue rociada con combustible y posteriormente incinerada frente a varios testigos.
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Katherine Gómez, de 18 años, fue auxiliada por transeúntes que con distintos elementos, intentaron apagar las llamas. Sin embargo, ante las quemaduras de segundo y tercer grado en más del 60% de su cuerpo, falleció seis días después en el Hospital Loayza.
“Ella era mi niña bonita hasta el último día que se fue. Nuestra princesa. La niña bonita de papá y mamá. No es justo que le hayan hecho esto a mi hija”, dijo triste su mamá, Cinthia Macharé, en entrevista con Publimetro.
A Katherine la recuerdan como una niña alegre y de hecho así piden, no se olviden de ella. Soñaba con estudiar Hotelería y Turismo. Trabajaba como monitora en rutas escolares para ayudar a la economía de su hogar. Y anhelaba con conocer el mar.
“Ella quería servirle a su país. Se había presentado al servicio militar. A nosotros nos adoraba, como a sus hermanos. Yo no vivía sin ella. Nunca la veías triste y nos decía ‘la vida es para vivirla’. Era el amor más grande”, agregó Macharé.
Los padres de Katherine piden verse con el presidente Petro
Sergio Tarache Parra, de 19 años y nacionalidad venezolana, es el señalado feminicida de la joven. Según sus familiares, salieron por al menos 10 días, cuando la víctima se encontró con él para decirle que no iban a compartir más.
Fue tras una discusión, que las cámaras del centro de Lima muestran como Tarache cruzó la calle para comprar la gasolina y tras violentarla, salió huyendo hasta 15 días después llegar de manera ilegal a Colombia. “No le gustaba que la controlaran, ni la celaran. No tenía nada serio con él”, dijo su mamá.
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Fue el pasado martes 11 de abril, que la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que el hombre fue capturado en la localidad de Barrios Unidos, donde, al momento de identificarse, entregó un nombre distinto al real. A pesar de ello, y tras un cotejo de sus huellas dactilares, confirmaron que se trataba del feminicida que tenía circular roja de Interpol. Siendo así trasladado a la oficina de asuntos internacionales de la Fiscalía.
Tras conocerse de esta aprehensión, los padres de la víctima llegaron el domingo 16 de abril al país, para hacer un llamado al Gobierno Nacional e intentar reunirse con el presidente, Gustavo Petro, o la primera dama, Verónica Alcocer, y así pedirles que este caso no quede impune.
“Hemos hecho lo imposible para venir hasta acá a pedir justicia. Vengo con el corazón destrozado. Le pido al presidente que por favor se ponga en mis zapatos y el asesino vaya a Perú a pagar por el crimen”, aseguró José Gómez.
Y es que lo mencionado por este papá, que entre llanto, comunica su petición, es a la preocupación de que Sergio Tarache Parra quede en libertad y peor aún, dice, sea extraditado a su país de origen, Venezuela, quedando el delito impune.
“Este martes se cumplen cinco días que tiene el Estado colombiano para decidir si lo va a expulsar o la va a dejar libre. Lo que nos interesa es que el Gobierno cumpla con entregarlo a la justicia peruana y responda a una cadena perpetua”, indicó la asesora legal y exministra de la Mujer, Rosario Sasieta.
Desde la Cancillería de Colombia, informaron que el Consulado General del Perú en Bogotá, tras conocerse oficialmente la detención, “gestionará con las autoridades el procedimiento que permita ponerlo a disposición de la justicia peruana”.
“Lo que yo pido como madre es que me escuchen. Yo estoy alzando mi voz y estoy en pie de lucha por mi hija. Mi vida es un infierno desde que ella me dejó. Acá no hay intereses políticos. Solo quiero que ese hombre pague su delito en Lima”, enfatizó, Cinthia Macharé.
¿Qué responden las autoridades colombianas?
Una fuente de la Fiscalía General de la Nación le informó a Publimetro, que Sergio Tarache Parra, fue solicitado en extradición por parte de Perú, por el presunto delito de feminicidio.
La entidad indicó que es ese país quien debe judicializarlo, pues en Colombia la ley no lo requiere. Por ende, no lo pueden presentar ante un juez de control de garantías para que legalice su captura.
Por lo contrario, aseguran, el procedimiento a llevarse a cabo es que, tras los cinco días que tenía la Fiscalía para informar sobre la captura -por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores- Perú ahora tiene 90 días para realizar la solicitud formal de extradición. De no llegar a hacerse, afirman, sí podría quedar en libertad.
Según datos de el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) de Perú, solo entre enero y febrero de 2023, ocurrieron 33 feminicidios, de los cuales el 54.5 % fue a manos de su pareja.
Líneas de atención por violencias basadas en género
155: Orientación nacional a mujeres
141: ICBF
018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura
314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer
123: línea de emergencia
122: Fiscalía
