Hace algunos meses el Departamento Nacional de Planeación (DNP) inició estudios para formular la ‘Política pública de defensa de los derechos de los animales y/o protección animal’ que le ordena el ‘Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 Todos por un nuevo país’, en su artículo 248. Hoy este mandato adquiere un nuevo carácter gracias a la solicitud que le ha hecho a la entidad el Ministerio del Interior mediante una carta, fechada el 10 de agosto, en la cual le solicita elaborar la política como un documento Conpes.

Que la política nacional de protección de animales domésticos se plantee en estos términos es de la mayor importancia. En caso de ser aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) tendría dos implicaciones.

La primera es que todo documento Conpes genera compromisos para el Gobierno Nacional. Es decir que el tema en cuestión se convierte en un asunto que el Gobierno debe tener en cuenta en la planeación del rumbo del país, en los frentes económico, social y ambiental, mediante acciones acordadas con los ministerios. En cuanto a los municipios, pese a que un Conpes no es vinculante, no pueden obviar su existencia en tanto se refiere a un asunto de interés nacional.

La segunda es que, si bien un Conpes no trae “su pan debajo del brazo”, la financiación de la política animalista entraría a “concursar” con los otros asuntos considerados de interés para el desarrollo del país.

Además, el hecho de que la protección a los animales sea elevada al rango de documento Conpes sugiere un reconocimiento de su posicionamiento en la agenda pública que refleja, a su vez, un nuevo consenso ciudadano sobre el tema.

Esta feliz encomienda del Ministerio del Interior al DNP conlleva varios retos:

El primero es definir el objeto de la política pública; es decir, establecer cuáles son los animales y usos (áreas de conflicto) que ha de cobijar. Dadas las deficiencias conceptuales y de redacción del artículo 248 del PND, que “así como dice una cosa dice otra”, el DNP debe construir –y quizás forzar– una nueva definición que le dé cabida a la mayor cantidad de especies domésticas y escenarios en los cuales los animales son utilizados, sin incluir más excepciones que las odiosas que ya contempla la actual legislación.

El segundo es garantizar la participación. El DNP debe asegurar escenarios y canales de participación para quienes tienen conocimiento y experiencia en protección animal, considerando las variantes municipales y regionales que implica tan tenaz labor. Asimismo, evitar la cooptación del proceso de parte de quienes tengan intereses electorales. Según ha anunciado la entidad, entre septiembre y octubre se estarían haciendo los encuentros regionales en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y, probablemente, Pasto.

El tercero es formular, con los ministerios, un plan de acción claro, estratégico, informado, ambicioso y posible, que tenga alcances precisos en los niveles distrital, municipal y departamental.

Y cuarto, el juicioso seguimiento al plan de acción.

Los defensores de animales del país estamos listos para contribuir en estos retos.

*Las opiniones expresadas por el columnista no representan necesariamente las de PUBLIMETRO Colombia S.A.S.