Para el mes de octubre próximo será, si nada extraordinario ocurre, el anunciado plebiscito “por la paz”, en el que los colombianos que decidan participar en este certamen democrático podrán marcar ‘sí’ o ‘no’, independiente de que conozcan o no el contenido de las 297 páginas del acuerdo entre las Farc y el Gobierno Nacional para lograr la pacificación del grupo narcoterrorista. Mucho se habla acerca de las posiciones desde la campaña por el ‘sí’, en la que extrañamente todos sus promotores han tenido importantes cargos en el Estado, y los cuadros directivos de las fundaciones que promueven el ‘sí’, coincidencialmente, las conforman también exministros y ex viceministros.

Independiente de que muchos que promueven el ‘sí’ no conocen al menos el 30% del documento de los acuerdos entre Gobierno y Farc, están totalmente convencidos de que la mejor salida para pacificar al principal cartel de drogas del mundo es mirar para otro lado cuando se habla de justicia, por ello en el documento poco se habla de cuáles serán las penas para los máximos violadores de derechos humanos, mujeres y niños, y no es para menos que se exija justicia para quienes, de manera sistemática y desbordada, han mantenido a miles de colombianos en confinamiento con cadenas en el cuello, pies y manos, es lo mínimo que se les puede dar a las víctimas.

Ese mínimo de justicia es el que se debe garantizar como paso fundamental a esa paz anhelada, a esa paz que, de manera inductiva, presenta la pregunta, ¿quién no quiere la paz estable y duradera para Colombia? Ese paso fundamental que es la justicia para los máximos responsables, de todas las atrocidades de los frentes y columnas más sanguinarios de las Farc, como la Teófilo Forero, quien su cabecilla, alias el Paisa, tiene miles de muertos en sus manos, podría muy probablemente llegar a ser diputado, gobernador, representante a la Cámara o senador, en aras de que hasta ahora no se ven penas restrictivas de libertad para estos criminales.

Esas penas con unos mínimos y máximos siempre se establecieron para el paramilitarismo, en el marco de la justicia transicional denominada ‘Justicia y Paz’, en donde muchos pagaron entre cinco y nueve años de prisión, ninguno quedó en libertad y menos aún tuvieron posibilidad alguna de ostentar un cargo de elección popular o de llegar al Congreso, quienes siguieron delinquiendo fueron extraditados; si ello operó con una parte de los actores de la violencia, ¿por qué no utilizar el mismo rasero con quienes hacen parte del otro lado? La Jurisdicción Especial para la Paz hasta ahora no contempla esos mínimos de penas para los máximos responsables de las masacres como la de Bojayá o el carro bomba del Club El Nogal.

Las penas representan para las víctimas y para bienes superiores de toda la sociedad una garantía plena de no repetición, en el marco de los principios de todo proceso de paz: verdad, justicia y reparación; ya la Corte Penal Internacional se manifestó al respecto que estará de acuerdo con este proceso de pacificación con las Farc, siempre y cuando se logren establecer esas penas privativas de la libertad para responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, eso para no contar la negativa del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que el acuerdo se firmara en Nueva York. ¿Cómo no capturar a los jefes del cartel de drogas más grande del mundo en suelo norteamericano?

*Las opiniones expresadas por el columnista no representan necesariamente las de PUBLIMETRO Colombia S.A.S.