La semana pasada, luego de conocerse la sentencia de la Corte Constitucional en la cual se da vía libre para que se celebre el certamen “democrático” del plebiscito por la paz, en el cual los colombianos podrán tan solo expresar su voluntad soberana marcando alguna de las opciones, sí o no, en cuanto al llamado proceso de paz que se desarrolla en La Habana con el grupo narcoterrorista Farc, desde el finales del año 2010, luego de cinco largos años nos indican que se acerca la firma de la terminación del “conflicto”, el cual ha dejado una cifra vergonzosa de 250.000 muertos, para lo cual necesitan validar de alguna manera esos acuerdos por el pueblo.

En total, a la fecha van 64 acuerdos a los que han llegado los delegados del Gobierno y los de las Farc, muchos de estos convenios se establecieron única y exclusivamente entre Farc y Gobierno Nacional, desconociendo a todas luces a la sociedad civil, es decir que lo acordado en La Habana se hizo de espaldas al pueblo de Colombia, pues para la suscripción de esos acuerdos nunca se tuvo en cuenta la posición de la sociedad civil, representada en sectores empresariales, academia, gremios, retirados de la Fuerza Pública, víctimas y, lo más sorprendente, de espaldas incluso a las ramas del poder público como el Congreso de la República.

El proceso de paz que nos venden y pretenden que salgamos como corderos a refrendar en septiembre u octubre no es del todo de paz, en razón que la desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil de cerca de 7500 miembros en filas de las Farc no traerá la paz para Colombia, pues se desconocen diferentes actores como las múltiples disidencias dentro de las mismas Farc respecto a los diálogos en La Habana, y fenómenos delictivos de gran escala como las bandas criminales, que ya se acercan a 100 en todo el país, sin contar que cada día nace una organización ilegal nueva; así las cosas, proceso de paz del todo no es.

El plebiscito busca refrendar un proceso de pacificación con 7500 delincuentes, con los cuales se ha acordado de todo, desconociendo la voluntad soberana de mas de 45 millones de colombianos, como si aquellos ciudadanos que jamás han empuñado un arma tuviesen la culpa de los 250.000 muertos durante el “conflicto”, para que les afecten su vida y la de sus próximas generaciones; pacificación sí, prerrogativas públicas para ellos también, pero elegibilidad e impunidad no. Si lo que se busca es acabar la inequidad y la desigualdad, eso no se hace con un cartel de drogas, lo propio, justo y correcto es que se haga con tres, cinco o 10 millones de colombianos mediante una constituyente, no mediante un acuerdo de pacificación.

Réquiem: el pasado 13 de julio recibí comunicación de Confecoop, en la que me solicitan que rectifique una opinión de esta columna de la edición del pasado 10 de julio; al respecto me permito aclararle a tan prestigioso gremio que agrupa el sector cooperativo en Colombia, que en ningún momento se hace algún tipo de afirmación temeraria contra persona natural o jurídica determinada; ahora bien, en ningún momento se cuestionan o se señalan 4000 cooperativas, a la vez es pertinente aclarar que se está haciendo una investigación periodística en la cual se buscan resultados que aclaren cómo, cuándo, dónde y por qué medios se lavaron presuntamente 16 billones de las Farc con el sistema cooperativo colombiano, también es de aclarar que dicha información es de dominio publico, por lo cual también digo ‘no’.

*Las opiniones expresadas por el columnista no representan necesariamente las de PUBLIMETRO Colombia S.A.S.

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