Quienes no votarán:

En total fueron 7 impedimentos aceptados, que corresponden a Daira Galvis, de Cambio Radical; Viviane Morales, del Partido Liberal; Jimmy Chamorro, del Partido de la U; Álvaro Uribe, del Centro Democrático; Efraín Cepeda, del Partido Conservador; Arturo Char, de Cambio Radical y Jesús Alberto Castilla, del Polo Democrático.

El martes estos senadores no participarán en la discusión y votación del informe de la Comisión Instructora en el caso del magistrado Jorge Pretelt. Los demás decidirán si están a favor del informe y si el proceso se envía a la Corte Suprema de Justicia.

Esta vez el magistrado no tendrá otra oportunidad para presentar algún recurso jurídico que dilate la votación de los congresistas ya que en el debate del jueves pasado se discutieron las recusaciones que interpuso Pretelt.

Desde la semana pasada la Comisión de Instrucción del Senado entregó el informe que admite la acusación contra Pretelt por el caso de Fidupetrol y este es el documento que será sometido a votación.

En caso de que la mayoría de votos sean a favor del informe final, el proceso por el delito de concusión, por el que se acusa al magistrado de la Corte Constitucional, pasará a la Corte Suprema de Justicia. Pero antes, Pretelt será oficialmente suspendido y deberá apartarse de su cargo.

Dicho documento señala que el fallo, emitido por la Comisión de Acusación de la Cámara, es correcto, asegurando que Pretelt sí estuvo involucrado en el caso de Fidupetrol, en el que se acusa al magistrado de haber pedido 500 millones de pesos al abogado de la firma, Víctor Pacheco, para fallar una tutela a favor de la compañía.

Llamado de atención de Santos

​El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, pidió al Senado dar ejemplo de eficacia y agilidad a la hora de emitir decisiones en procesos contra altos funcionarios del Estado, refiriéndose al proceso contra Jorge Pretelt.

“Como Jefe de Estado, y nuevamente con todo el respeto por la autonomía tanto del Congreso de la República, como de las Altas Cortes, creo que en casos como éste y en otros similares hay que dar prueba de eficacia y de agilidad”, manifestó.

Aseguró que en este caso “hay que demostrar que a los altos funcionarios del Estado se les juzga con el mismo racero, el mismo racero que a cualquier ciudadano del común”.