"No podemos olvidar que firmado el proceso de paz, todos los conflictos que allí surjan irán a la justicia ordinaria y sino tenemos la misma entrega y la misma importancia que la jurisdicción especial para La Paz, será una justicia lenta e inadecuada y generará otro problema y no entregará La Paz tan anhelada para los ciudadanos", dijo la magistrada Margarita Cabello.

Sin embargo, solicitaron al Gobierno que después de la creación del Tribunal Especial para la Paz, que se encargará de juzgar a guerrilleros y militares, les brinden garantías a la Rama Judicial.

Es decir, que se tengan en cuenta los conceptos y procesos que ya están adelantados para el momento en el que se haga realidad el posconflicto en el país.

Al parecer, su principal temor sería que el Tribunal Especial para la Paz quede por encima de las decisiones que tome la Corte Suprema de Justicia.

"Una de las preocupaciones es que el Tribunal Especial de Paz pueda decidir de una manera distinta y proceda a estudiar nuevamente decisiones judiciales de la Sala Penal (de la Corte) ya ejecutadas en firme. El acuerdo dice que pueden ser revisadas, por eso nos sentaremos amablemente a discutir cuales se entrarían a revisar y de este modo acordar", dijo Margarita Cabello, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Otro aspecto que les preocupa son los recursos. Por eso también pidieron que le des destine la misma cantidad de recursos que se le entregue a la Justicia Especial para la Paz.

“El país debe estar reforzado con una buena estructura y presupuestos, y la justicia Especial para la Paz tiene que ser pensada paralelamente con la justicia ordinaria, para que actúen y funcionen a la par, porque puede haber una afectación al ciudadano si una de las instancias judiciales está débil”, agregó Cabello.

Reforma a la justicia

En la cumbre, las altas cortes también coincidieron en que la reforma a la justicia ordinaria debe contar con su participación.

La presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, manifestó que esta transformación se debe planear desde el Congreso de la República pero teniendo en cuenta la opinión de los administradores de la justicia.

“Cada funcionario de la rama debe sentirse responsable del destino de la justicia porque allí estará la paz, la democracia y el progreso de Colombia, sino daremos paso a tiranías y falsos profetas porque la injusticia, el hambre y la miseria, generan espacios para la tiranía”, dijo Calle.