Es un predio, que según el periódico Gente en su última edición, ha estado en problemas desde que en 1984, “cuando el líder paramilitar Fidel Castaño compró el bien, a través de testaferros, a una prestante familia de empresarios del sector textil”.

En el 2010 la propiedad fue puesta a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes y desde entonces surgieron rumores que indicaban que en ese lugar se vivieron las más grandes excentricidades y crímenes de todo tipo.

Actualmente el predio se encuentra desocupado y la Unidad de Víctimas la está ofreciendo; hasta el momento no se ha establecido cuál es el canon del posible arrendamiento, pero lo claro es que su mantenimiento está cercano a los 10 millones de pesos mensuales.

La propiedad está avaluada en 40.000 millones de pesos y según refiere el mismo medio, entre los principales interesados están la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

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