Zonas veredales, con universidades y sin papel claro de la ACR

La Agencia Colombiana para la Reintegración aseguró este miércoles que está lista para cumplir su labor en las zonas veredales ya definidas por las Farc, pero aseguró que todavía no está claro su papel.

"Este es un escenario que tendrá innovaciones, pero estamos en toda la capacidad de asumir este reto", dijo el director de la ACR, Joshua Mitriotti.

Aunque el papel de la ACR no esté definido con claridad, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) sí garantizaría a los guerrilleros en las zonas verdales la posibilidad de contar con una educación apropiada.

"En la guerrilla, en el paramilitarismo todos puedan llegar este escenario y no solamente el soldado y los guerrilleros sino también los comandantes", explicó a Blu Radio el rector de la Unad, Jaime Alberto Leal.

El viaje de la comisión negociadora del Gobierno Nacional y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a La Habana para cerrar el ciclo de diálogos en La Habana y abrir el camino a la ratificación del acuerdo de paz podría ser entorpecido por el Centro Democrático y su resistencia civil.

El partido del expresidente Álvaro Uribe, acérrimo opositor de los diálogos de paz, presentó este miércoles una iniciativa para establecer un mecanismo para juzgar a los militares que hayan cometido delitos conexos al conflicto armado, el cual sería totalmente diferente a lo propuesto en el marco de los diálogos de La Habana.

Mientras los diálogos plantean la creación de tribunales para la paz que cuenten con un amplio número de magistrados con el objetivo de juzgar a todos los actores del conflicto que acepten su intervención, Uribe y Alfredo Rangel proponen que se cree un tribunal independiente para juzgar los hechos cometidos por efectivos de la Fuerza Pública en servicio.

Este tribunal, según los senadores del Centro Democrático, buscaría evitar una de las mayores críticas que su partido ha realizado con respecto a los diálogos de La Habana: que los efectivos de las Farc y la Fueza Pública sean juzgados mediante el mismo tribunal y con las mismas condiciones.

"Se está igualando la Fuerza Pública legítima del Estado, con un grupo terrorista cuya razón de ser ha sido la destrucción del Estado por medio del uso de una violencia bárbara violatoria de los derechos humanos. Esta igualación atenta contra el honor militar, deslegitima a las instituciones que han defendido al Estado y atenta contra la institucionalidad democrática", aseguró Uribe al presentar el proyecto.

¿Cómo funcionaría el Tribunal uribista?

Mientras el Tribunal de Paz aceptado en los diálogos de La Habana, y rechazado entre otros por el expresidente Andrés Pastrana, tendrá 24 miembros (4 extranjeros) y sus tres salas de justicia contarán con otros 24 miembros cada uno (6 extranjeros), la propuesta del Centro Democrático plantea que su tribunal de paz solo tenga 9 magistrados, aunque las calificaciones serían las mismas para hacer parte de cada fiscal.

Así mismo, cambian los mecanismos de elección: el tribunal sería elegido por ternas designadas por los colegios de abogados, facultades de derecho y asociaciones de oficiales en retiro de la Fuerza Pública.

El pasado viernes, se anunció que la selección para hacer parte del Tribunal de Paz de La Habana correspondería a un comité nombrado por, entre otros, el Papa Francisco; el Secretario General de Naciones Unidas; la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Centro Internacional de Justicia Transicional.

Así mismo, el tribunal de paz planteado por Uribe y Rangel plantea que todos quienes sean condenados paguen penas de cárcel, en vez de las penas sustitutivas que plantea el tribunal de paz aceptado en La Habana. Pero las penas máximas serían de cinco años de cárcel, en vez de los hasta 20 planteados en el proceso de paz.

"Al contrario de lo que sucederá con el tribunal de Cuba, en el cual hay que declararse previamente culpable para no ser enviado a la cárcel, en el tribunal que proponemos para gozar de las rebajas de penas quienes se acojan a éste solamente una vez hayan sido vencidos en juicio deberán contar la verdad, pedir perdón a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición", dice la iniciativa.

Cabe anotar que este tribunal también juzgaría los casos de ejecuciones conocidas como "falsos positivos", tal como lo propone el tribunal acordado por el Gobierno y las Farc en La Habana.

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