El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció hoy que su Gobierno estudia propuestas de varios expertos para realizar próximamente una nueva reforma tributaria estructural en el país, después de la última modificación impositiva aprobada en diciembre de 2014.
Santos, que está en Cartagena reunido con sus asesores de paz, explicó que por el momento «no hay absolutamente nada decidido» y que el Ejecutivo espera la presentación la semana que viene de un informe elaborado por expertos independientes que ofrecen consejos en este campo.
«El Gobierno va a decidir a su buen juicio qué parte del informe se acepta y qué parte se traduce en propuestas», agregó el presidente.
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Este documento es «uno de muchos estudios y de documentos estudiados por el Gobierno para abordar el tema de una reforma tributaria estructural, solicitados, entre otros, a la OCDE y al Banco Interamericano de Desarrollo», indicó la Presidencia en un comunicado.
Aunque nada de sabe del contenido de esa futura reforma, Santos comentó que los objetivos básicos son «simplificar el sistema tributario» y hacerlo «más equitativo».
«Vamos a analizar todo esto de manera seria para presentarle eventualmente una reforma tributaria al Congreso que cumpla con esos principios», apostilló.
El presidente zanjó así una polémica desatada ayer en Colombia tras la filtración de parte de ese informe de expertos, que propone importantes aumentos del IVA y la ampliación de la base tributaria del país, aspectos que generaron el rechazo de la sociedad y se asumieron como decisiones ya tomadas por el Ejecutivo.
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«Infortunadamente, un miembro de esa comisión filtró irresponsablemente sus recomendaciones y sugerencias inclusive antes de presentárselas al Gobierno«, desmintió Santos, que insistió en que su equipo «no conoce el contenido de esa presentación» y que en cualquier caso pasará a un intenso debate interno.
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Tanto el análisis de ese informe como la propuesta final que el Ejecutivo presente al Congreso se harán «sin afán», agregó el mandatario.
La última reforma tributaria de Colombia, que fue sancionada por Santos en diciembre de 2014 buscaba a través de un nuevo impuesto para las clases altas recaudar 53 billones de pesos adicionales (unos 16.300 millones de dólares) destinados a inversión social para los siguientes cuatro años.
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