La Defensoría también indicó que durante el período comprendido entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre de 2015, el Sistema de Alertas Tempranas registró los siguientes enfrentamientos con personal de las Farc:
1. Noviembre 26 de 2015, vereda La Palestina de Tame (Arauca): Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional, sorprendieron a un grupo de presuntos integrantes del frente 10 de las Farc, quienes al parecer habían instalado un retén ilegal sobre la ruta de Los Libertadores, presentándose enfrentamientos que terminaron con la muerte de dos guerrilleros y la captura de otros dos, uno de ellos herido.
2. Noviembre 29 de 2015, en el Urabá Chocoano: Se registraron combates entre presuntos miembros de las Farc y el “Clan Úsuga”, más conocido allí como “Autodefensas Gaitanistas”, en cercanías a las comunidades de Las Delicias, Cocoarenal y Ríociego, en la cuenca del río Salaquí. Algunas familias se desplazaron temporalmente a la cabecera municipal de Ríosucio, en tanto que otras 5 permanecieron confinadas en medio de la confrontación.
La Defensoría del Pueblo denunció este lunes que niños y adolescentes se han visto involucrados en episodios del conflicto armado en las últimas semanas, a pesar del cese el fuego unilateral de la guerrilla de las Facr que el pasado domingo cumplió cinco meses.
Pese a que reconoció que las acciones ofensivas de las Farc han dsiminuido notablemente, especialmente en lo que tiene que ver con los ataques en los que se ve afectada la población civil, el Minsterio Público dio cuenta de tres hechos que se presentaron en el último mes en el país y que, precisamente, afectaron a menores de edad.
La Defensoría señaló hechos ocurridos en los departamentos de Vaupés, Caquetá y Putumayo, donde supuestos miembros de la guerrilla retuvo a varias adolescentes, mientras que un joven fue víctima de una mina antipersona.
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Los hechos
Según señaló la entidad, su Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría reseñó que el 23 de noviembre en el caserío Pacoa (Vaupés), cuatro hombres con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares que se identificaron como integrantes de las Farc irrumpieron en la comunidad indígena de Buenos Aires, llevándose consigo a dos adolescentes.
Días después una de ellas fue devuelta tras ser mordida por una serpiente, mientras que de la otra menor de edad aún se desconoce el paradero, por lo que incluso se presume secuestrada.
Por otra parte, el 25 de noviembre en San Vicente del Caguán (Caquetá), miembros del frente 62 Combatientes del Yarí de las Farc retuvieron a una adolescente que fue liberada ese mismo día, según confirmaron las autoridades.
El tercer inicidente, según la Defensoría, ocurrió el 28 de noviembre en Puerto Asís (Putumayo), donde presuntos integrantes de las guerrilla instalaron un artefacto explosivo improvisado que ocasionó heridas de consideración en el oído y un ojo a un joven de 17 años.
La Defensoría agregó que también tiene información de que el 5 de noviembre en el departamento de La Guajira un indígena Kankuamo, de tan sólo 15 años de edad, fue reclutado al parecer el frente 19 José Prudencio Padilla.
Llamado
Ante lo denunciado, el defensor de Pueblo, Jorge Armando Otálora, indicó que «aunque la Defensoría confirma nuevamente el cumplimiento del cese al fuego unilateral y las bondades que éste ha traído para aliviar la violencia en las regiones de Colombia (no hay reporte de ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública ni la infraestructura nacional), reiteramos nuestra preocupación por los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, y exhortamos a la Mesa de La Habana para que durante los diálogos que se reanudarán en enero próximo, se priorice este tema».
Además de solicitar explicaciones frente a los hechos que involucraron a menores de edad, Otálora también indicó que se tuvo conocimiento que durante el último mes las Farc ha realizado actividades de control social en zonas de Meta y Guaviare, a través de charlas obligatorias sobre el grupo ilegal y su visión respecto al proceso de paz, extorsiones al comercio y restricciones a la movilidad de la población en algunos sectores específicos.
