La Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó con una votación de 6 magistrados a favor y 3 en contra este jueves el matrimonio para parejas del mismo sexo en Colombia, luego de más de dos meses de retraso en la discusión de la ponencia.
La decisión fue tomada sobre cuatro tutelas de parejas LGBTI a las que le fuera rechazado su matrimonio igualitario. Se presentó una ponencia negativa del magistrado Jorge Pretelt, la cual aseguraba que no era necesario votar por un matrimonio gay pues la unión entre parejas del mismo sexo autorizada en 2011 permitía garantizar la protección a los derechos de los cónyuges en familias homoparentales.
Según la posición mayoritaria, como el Congreso tuvo dos años para asegurar esta protección y no la legisló en 2013, los jueces y notarios del país no podían asegurar mediante un contrato sin nombre estos niveles de seguridad.
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A favor de esta posición votaron los magistrados María Victoria Calle, Gloria Stella Ortiz, Luis Ernesto Vargas, Alejandro Linares, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas. En contra, además de Pretelt, votaron Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza, en una elección que se filtró a la prensa hace varias semanas.
Para Manuel Páez, profesor de derecho constitucional de la Universidad Externado, la decisión era previsible. «Según la Corte, el único contrato que puede asegurarles a las parejas del mismo sexo la misma protección que a las parejas heterosexuales es el matrimonio civil», afirmó.
La posición de la Corte invalida el artículo 113 del Código Civil, el cual determina que un matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer, según Páez. «El Código Civil, que es una norma inferior a la Constitución, no puede privar a las familias compuestas por personas del mismo sexo de la protección constitucional de sus derechos aprobada por la Corte Constitucional en 2011», explica.
Esta decisión se suma a la tomada en el 2015 sobre la adopción igualitaria para asegurar que las parejas del mismo sexo podrán tener los mismos derechos de una familia y convertir a Colombia en el vigesimotercer país en aprobar el matrimonio con las mismas condiciones para parejas homo y heterosexuales.
El camino para la igualdad de las parejas del mismo sexo inició en 1992, con la promulgación de la Constitución de 1991, y luego de varios intentos logró por fin conseguir el mismo tratamiento que las parejas heteroparentales ante la ley (ver recuadro).
A favor: «Solo queda celebrar la igualdad»
Mientras varios grupos sociales han celebrado la decisión de la Corte Constitucional llamándola un paso adicional para la igualdad del país, algunos políticos religiosos y tradicionalistas rechazaron lo que consideraron un fallo político que vulnera a la sociedad.
La senadora Claudia López y la representante Angélica Lozano fueron algunas de las primeras voces que celebraron la medida. «Lo luchamos muchos años y hoy termina una vergüenza histórica en Colombia. Acabaremos la discriminación social, real, en la vida, en la familia, en la escuela. La homofobia mata y esta lucha continúa.», dijo Lozano.
Por su parte, López dijo que con esta decisión «se cierra el ciclo de la protección de las parejas LGBTI ante la Corte Constitucional. Nos quedan muchas batallas por la igualdad social, política, en la familia y la educación, pero será mucho más fácil con la igualdad que tenemos hoy. Sabemos que la igualdad es imparable», aseguró.
La directora de Colombia Diversa, Marcela Sánchez, apoyó el fallo. Aunque dijo desconocer el fallo, aseguró que «no tenemos nada más que hacer para celebrar la igualdad. Lo que hemos logrado demostrar a la Corte es que no hay razón para que unas parejas tengan menos derechos que otras».
Rojas Charry, presidente del Colegio de Notarios de Colombia, apoyó que el fallo no ahondara en posturas ideológicas que profundizarían la discusión sobre el tema, y celebró una decisión «con altura» que brindara la protección de derechos a los colombianos.
En contra: «es una decisión que sepulta la familia»
El Procurador Alejandro Ordóñez aseguró que presentará ante el Congreso una propuesta para «proteger» a las familias, y que esta decisión sepulta aspectos esenciales de la Constitución de 1991. «Hoy el matrimonio no es matrimonio y la familia no es familia. Lo que está imponiendo es una concesión ideológica», dijo.
El presidente de la fundación Marido y Mujer, Javier Suárez, rechazó la decisión, a la que llamó «una jugada política» de la Corte Constitucional. «Se convierte en un golpe a la sociedad, a las familias y a la institucionalidad jurídica del Estado, por cuanto la Corte suplanta las funciones legislativas del Congreso de la República», dijo.
A esta posición se sumó el senador Jimmy Chamorro, quien lamentó que la Corte Constitucional haya tomado la decisión desde un aspecto netamente político y haya «invadido la órbita del Congreso de la República colegislando frente a un derecho fundamental».
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