Colombia y Farc firman el fin de 52 años de conflicto armado

Después de 52 años y al menos tres intentos de negociaciones, las Farc firmaron este jueves un acuerdo que adelanta el cierre definitivo del conflicto armado con el Gobierno Nacional, con el que se espera la construcción de una paz estable y duradera en los próximos meses.

Así lo expresaron tanto el presidente Juan Manuel Santos como el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’, quienes firmaron el acuerdo que hace irreversible la dejación de armas por parte de las Farc.

Con la presencia de cinco presidentes, las declaraciones del Secretario General de las Naciones Unidas y el presidente de Cuba, y el acompañamiento un nutrido grupo de altos funcionarios del Gobierno y líderes de izquierda, las partes llegaron además a acuerdos para garantizar la seguridad de sus futuros desmovilizados en el paso a la vida civil   y a la política.

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Las armas serán monumentos

El acuerdo de cese al fuego y hostilidades, dejación de armas y verificación del proceso firmado este jueves no da una fecha y una hora exactas para que se suspendan las hostilidades entre el Gobierno y las Farc, pero especifica el mecanismo para que los guerrilleros entreguen las armas e inicien su proceso de reincorporación a la vida civil.

Con este acuerdo, las Farc se comprometen a concentrarse en 22 “Zonas veredales transitorias de normalización” y 8 campamentos, en los cuales entregarán hasta 150 días después del acuerdo todas sus armas para su destrucción por parte de la ONU. Naciones Unidas también se compromete a verificar las condiciones de seguridad de los territorios.

El metal de estas armas será utilizado para construir tres monumentos a las víctimas del conflicto armado, de la misma forma en la que se han construido “balígrafos” con cartuchos de fusiles. Uno de estos fue usado por Santos y ‘Timochenko’ para firmar el acuerdo, y luego obsequiado por el Presidente al jefe de las Farc (ver recuadro 1).

Estas zonas se ubicarán en veredas de los municipios más afectados por el conflicto armado, pero en su interior las Farc se comprometen a permitir la administración local y la vida cotidiana de sus habitantes, para evitar que se repita el reemplazo del gobierno oficial por el guerrillero como ocurrió en la antigua zona de distensión en el Caguán (ver recuadro 2).

En especial, las Farc permitirán la entrada de la Policía Nacional a prestar labores de vigilancia cuando sea necesario, y se compromete a colaborar con la limpieza y descontaminación de territorios minados o afectados por municiones sin explotar.

Seguridad para los desmovilizados

Por su parte, el Gobierno ofrece un compromiso de protección   y seguridad a todos los miembros de las Farc, activistas sociales y de derechos humanos, y participantes de grupos políticos contra la posibilidad de una repetición de la persecución paramilitar contra la Unión Patriótica en la década de 1980.

En este aspecto, se realizará un “Pacto Político Nacional” para garantizar las medidas en contra de organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, como los llamados Grupos Armados Organizados (GAO) y bandas criminales (bacrim) que podrían realizar esta persecución.

Esta verificación incluye también la creación de una Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía General de la Nación encargada de combatir a los GAO y bacrim, así como un Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política y un cuerpo élite de la Policía Nacional.

Plebiscito y firma final

A pesar de esto, dos anuncios casi ocultos fueron los que llamaron más la atención de la ceremonia en el Palacio de Convenciones El Laguito de La Habana. El primero es un acuerdo con el que las Farc se comprometen a aceptar la decisión de la Corte Constitucional sobre la refrendación popular del acuerdo de paz.

Esto implica, en la práctica, que los negociadores guerrilleros dejan de un lado la pretensión de una ratificación por medio de una asamblea constituyente y aceptan el plebiscito por la paz que propuso el Gobierno Nacional, siempre y cuando el alto tribunal lo considere constitucionalmente válido.

El segundo anuncio fue dado por el presidente Juan Manuel Santos, quien afirmó que la ceremonia de promulgación del acuerdo definitivo entre las Farc y el Gobierno se dará en Colombia, lo cual desató una gran lista de especulaciones.

Mientras algunos analistas políticos consideran que esta firma se dará en un lugar apto para la ubicación de cientos de invitados internacionales como Cartagena, otros consideran que las declaraciones de Santos el pasado fin de semana pidiendo por una firma el 20 de julio apuntan a una ceremonia en Bogotá relacionada con el inicio de sesiones ordinarias del Congreso, que se dará ese día.

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