LAS VOCES
GOBERNADORA DILIAN FRANCISCA TORO

“Todo esto que estamos haciendo es por ello, para poder lograr que el Hospital Universitario del Valle vuelva a ser ese hospital que le prestaba un servicio con calidad y oportunidad a todos los vallecaucanos".

LAS VOCES
JORGE RODRÍGUEZ, VOCERO DE SINTRAHOSPICLÍNICAS

“Con el desorden administrativo, los bajos niveles de productividad que hay y el incumplimiento en los pagos de las EPS, sería imposible cumplirle a la SuperSalud".

La próxima semana se conocerá si la Superintendencia Nacional de Salud aprueba o no las propuestas hechas por la junta directiva del Hospital Universitario del Valle (HUV), con las que pretenden iniciar el proceso de reestructuración de la institución.

En las últimas horas, los representantes del principal centro asistencial del Suroccidente colombiano presentaron ante la Supersalud el informe final con el que le solicitaron poderse acoger a la Ley 550, también llamada ‘Ley de Quiebra’.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle y directora de la junta directiva del HUV, quien en reiteradas ocasiones había asegurado que la de entrar en Ley 550 era una decisión sin reversa, manifestó que el documento presentado cuenta con los cambios pedidos por la Supersalud.

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Según explicó la mandataria, para llevar adelante el proceso era necesario tomar varias medidas, como por ejemplo, reformular el proceso de facturación ya que la operación tiene que mantenerse y entrar en equilibrio.

“Para estar en equilibrio se necesita hacer unas reformas en el Hospital, que hemos venido haciendo, como en la de facturación y una reforma administrativa que vamos a realizar prontamente. Asimismo, era necesario conseguir todos los documentos necesarios”, agregó Toro.

Las autoridades de salud del Departamento reportaron esta semana que gracias al nuevo modelo de facturación, en el mes de julio, se logró recaudar $18000 millones, lo que demuestra una leve mejoría en la situación del HUV.

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Juan Carlos Corrales, gerente del HUV, añadió que, entre los compromisos que le propusieron a la Supersalud para obtener el aval y entrar en Ley 550, está el de “lograr un equilibrio financiero, es decir, aumentar la producción, los ingresos institucionales, disminuir los costos y los gastos, y adicional a ello, tener un ahorro cercano a los $1.500 millones mensuales para poder colmar las expectativas con respecto a los acreedores”.

Con los nuevos planteamientos y la reingeniería que se pretende hacer en el HUV, se espera alcanzar un equilibrio financiero que le permita convertirse en un hospital de alta complejidad, con una planta de personal que garantice la prestación de los servicios, señaló la Gobernadora del Valle.

“Todo esto que estamos haciendo es por ello, para poder lograr que el Hospital Universitario del Valle vuelva a ser ese hospital que le prestaba un servicio con calidad y oportunidad a todos los vallecaucanos, eso es lo que estamos queriendo hacer y eso es lo que vamos a hacer”, recalcó la mandataria.

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Pese al positivismo que tienen en la junta directiva del HUV frente a la decisión de la SuperSalud, voceros de los sindicatos y los trabajadores de la institución se mostraron escépticos ante los supuestos beneficios que la Ley 550 traería al centro asistencial.

Jorge Rodríguez, vocero de Sintrahospiclínicas, aseguró que la Ley 550 no es otra cosa que la sentencia de muerte para el Universitario del Valle, pues, ante la crítica situación financiera de la institución, sería imposible cumplir con los compromisos bajo los cuales entre en vigencia la llamada Ley de Insolvencia Económica.

“Con el desorden administrativo, los bajos niveles de productividad que hay y el incumplimiento en los pagos de las EPS, sería imposible cumplirle a la SuperSalud. Y la Ley 550 es caminar sobre un hilo delgado que si se rompe, se caería al abismo de la liquidación”, aseguró el líder sindical.

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Rodríguez reiteró que dentro del Hospital continúa existiendo desgreño administrativo en el tema de los contratos que solo benefician a terceros, pese a los hallazgos hechos esta semana por la Secretaría de Salud Departamental, que dieron cuenta de irregularidades contractuales por $66000 millones.

“Tampoco hemos podido lograr reducir la planta de contratistas que hay en el HUV, que hoy vale alrededor de $60000 millones. Tampoco hemos podido encontrar la fórmula para obligar a las EPS para que paguen lo que nos deben, que ya está por el orden de los $150000 millones”, enfatizó Rodríguez.