El Concejo de Bogotá pidió detener la implementación de la Resolución 366 del 10 de abril del presente año ya que generará detrimento patrimonial y no contribuye con la renovación urbana correspondiente a la capital, reveló El Espectador.
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Dicha resolución adopta normas para las manzanas 3, 10 y 22 del sector de Renovación Urbana de Santa Inés y, de acuerdo con el cabildo, el programa se está dilatando y no es clara la destinación de los contenedores.
Asimismo, aseguran que al haber falta de análisis de costo eficiencia, es probable que se presenten retrasos en la implementación de la manzana 22.
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El concejal Miguel Uribe Turbay, asegura que hay “riesgos de seguridad humana: no requiere licencia de construcción. Las divisiones son en superboard, no tiene las medidas de seguridad industrial sobre sistema de redes eléctricas. No hay análisis de costo-eficacia. No hay evidencia y estudios sobre el impacto de contenedores y formalización de ventas”.
Además, hay varias dudas para el proyecto, que comprende de 41 manzanas con 9.904 habitantes en un área de 3.555 que componen 20 predios, pues según Uribe Turbay, carecen los criterios para escoger a los comerciantes y fabricantes, así como dudas sobre el canon de arrendamiento, cuotas de administración y lo que se debe pagar.
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La Empresa de Renovación Urbana denunció en octubre del 2014 que personas se hacían pasar por funcionarios del Distrito para separar locales y engañar a quienes estaban interesados en arrendar contendores en San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista.
La ERU en compañía del Instituto para la Economía Social (IPES), buscaban a través del proyecto de San Victorino, ayudar a los vendedores ambulantes, siendo la ERU, la única empresa autorizada para comercializar los contenedores.