La respuesta de TransMilenio

Transmilenio S.A señala que "respeta y acata la decisión del Consejo de Estado. Sin embargo no comparte el contenido y los argumentos expresados en su sentencia". Y aclaró que:

- El operador de Fase 2 Troncal Sociedad Sistemas Operativos Móviles K.S.A (Somos K) en septiembre de 2013 convocó al Tribunal de Arbitramento para que le fueran reconocidas unas supuestas obligaciones contractuales por parte de Transmilenio S.A.

- La pretensión inicial del operador se cuantificó en $31.732.588.933.

- La responsabilidad se estableció y oportunamente se pagó en la cuantía de $6.093.064.891 durante el año 2015, sin compartir el mismo.

- El laudo arbitral estableció la supuesta responsabilidad en cabeza de Transmilenio por las entidades responsables de la construcción de la Troncal de Soacha, y con ello la fuerza mayor como eximentes de responsabilidad para el concesionario en la vinculación de flota y correspondiente chatarrización.

- El pasado 8 de julio de 2016 el Consejo de Estado resolvió el recurso de anulación interpuesto por Transmilenio S.A. el 18 de diciembre de 2015, por no compartir la decisión del tribunal proferida en 2015, al considerar que el fallo está por fuera de las pretensiones (extrapetita), ya que en la demanda arbitral no se incluyó por el convocante Somos K la declaratoria del hecho de un tercero y la fuerza mayor como eximentes de responsabilidad.

TransMilenio tendrá que pagarle 6093 millones de pesos a la Sociedad Sistemas Operativos Móviles KSA, por el incumplimiento de un contrato de concesión que suscribieron en 2003 para prestar el servicio de transporte de pasajeros para la Fase II del sistema.

Esto quiere decir que TransMilenio, según el Laudo Arbitral de la sección tercera del Consejo de Estado, tendrá que pagar por terminar el contrato sin justificación válida y por incumplirlo, al no prever y reconocer que el operador no podía chatarrizar y recomponer la flota de buses a tiempo.

Lo que hizo el sistema fue terminar el contrato, en vez de modificar al calendario para la entrega de los vehículos. El convenio contractual buscaba la prestación del servicio de transporte de pasajeros. 

El laudo arbitral señala que lo indemnización por los daños está distribuida de la siguiente manera: $1.185.803.318 por concepto de descuentos efectuados; $1.695.135.142 por intereses de mora de las sumas descontadas, y a la suma de $2.570.680.431 por concepto del valor de los vehículos que no pudieron desintegrarse y $641 millones de pesos por concepto de costas.

El magistrado no aceptó los argumentos presentados por el sistema masivo, puesto que buscaba "discutir o controvertir el análisis jurídico y probatorio efectuado por el Juez arbitral para adoptar su decisión y modificarla a su favor, lo cual resulta del todo improcedente en sede del recurso de anulación de laudo arbitral. En conclusión, ninguno de los cargos está llamado a prosperar y en consecuencia: se declara infundado el recurso de anulación y se condena en costas a la recurrente".

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