Los problemas en Acandí

Córdoba destacó que el traslado de los jóvenes de recuperación pondría en serios problemas a Acandí, un municipio chocoano que aparte del abandono del Gobierno, ha sufrido fuertemente con la crisis de migrantes cubanos y haitianos que buscan cruzar desde allí hacia Panamá.

Así mismo, la finca que recibiría a los jóvenes es actualmente sede de una fundación que trabaja con el Sena, pero el centro de rehabilitación se encuentra en un estado de deterioro avanzado.

"Hoy el centro de Idipron no tiene las mismas condiciones que cuando operaba con el padre Javier de Nicoló, con la muerte del padre Javier eso ha estado abandonado”, aseguró la alcaldesa de Acandí.

La intensa polémica de qué hacer con los habitantes de calle expulsados del Bronx parece no tener fin. Luego de que los habitantes de otros barrios del centro de Bogotá empezaran a quejarse de su presencia en sectores como el caño de la calle Sexta, la solución ahora involucra la posibilidad de llevarlos aún más lejos.

Así lo propuso el director del Idipron, padre Wilfredo Grajales, el pasado martes en una entrevista con Red Más Noticias. La propuesta corresponde en enviar jóvenes, tanto habitantes de calle como de otros entornos, a fundaciones en Acandí (Chocó) y en el Vichada para realizar sus procesos de rehabilitación.

Posteriormente, Grajales explicó que estos procesos de rehabilitación son basados en los experimentos sociales que desde la década de 1970 realizaba la fundación Servicio Juvenil, del padre Javier de Nicoló, para formar a cientos de jóvenes en proyectos educativos y desintoxicarlos de un posible consumo de drogas.

"Para nuestros muchachos que ya no son habitantes de calle sino jóvenes en proceso de recuperación, buscamos revivir una de las estrategias más exitosas del Padre Javier De Nicoló, la cual muchos egresados manifiestan que fue fundamental para salir adelante", aseguró Grajales.

Rechazo desde el Chocó

La propuesta planteada por el padre Wilfredo Grajales fue rechazada de forma rotunda por la administración de Acandí, uno de los lugares donde se realizaría este proceso de desintoxicación y rehabilitación.

La alcaldesa de la localidad, Lilia Córdoba, aseguró a la revista Semana que esta decisión no fue consultada con la administración de Acandí, por lo que llamó la decisión como una "arbitrariedad" de sus pares de Bogotá.

"La verdad es que no comparto esta decisión, estoy en total desacuerdo. Me opongo a que esto suceda. Es una falta de respeto decidir en un territorio que no es de la jurisdicción (del alcalde Enrique) Peñalosa", dijo Córdoba.

Así mismo, rechazó que no hubiera habido ningún tipo de comunicación de la administración distrital con la de su municipio. "Siento que la Alcaldía de Bogotá, antes de tomar cualquier decisión tenía que hablar con quien está a cargo del territorio. Yo no puedo llegar a irrumpir a Bogotá con un problema de Acandí sin haberlo concertado con el alcalde. Es lo mínimo".

El problema es más complejo debido a los graves problemas que sufre la región del Urabá antioqueño (ver recuadro), con lo que la llegada de un grupo de habitantes de calle pondría una presión adicional a la región.

Córdoba aseguró que buscará poner la decisión de recibir a los habitantes de calle a consideración de los habitantes de su municipio, mediante el modelo de consulta popular.

"Solo serían jóvenes en recuperación"

Tanto el Idipron como la Alcaldía de Bogotá explicaron que la propuesta de llevar jóvenes a Acandí no aplicaría necesariamente para los habitantes de calle, sino a jóvenes que se encuentran en proceso de recuperación y que requerirían este período para realizar este proceso en una situación alejada de la ciudad.

"Hasta el momento, el desplazamiento de los jóvenes a estas fincas no pasa del deseo y voluntad de hacer bien. De lograr concretarlo, aclaramos que quienes irían son muchachos en recuperación, no habitantes de calle, y que iniciaron proceso pedagógico de formación con el Idipron", afirmó Grajales.

Así mismo, según el alto funcionario, las instalaciones serán privadas y no tendrán acceso a la comunidad. "No dependerían de los recursos del municipio o de las comunidades cercanas para su sostenibilidad y jamás afectaría a los turistas ni al ecosistema de la región", concluyó.