De acuerdo con el documento en el que Salvatore Mancuso “se defiende” e indica que la Procuraduría Judicial II Penal no logra probar que hubo un error de procedimiento en la resolución que permitió su sometimiento a la JEP en el 2023, luego de haber estado en Justicia y Paz.
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Mancuso puntualiza que su paso por de una jurisdicción a otra no vulnera las garantías de los derechos de las víctimas del paramilitarismo a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, sino que respeta el debido proceso de todos los involucrados, en los que se incluye a las víctimas.
También indica que es una “grosera contradicción” cuando la Procuraduría General de la Nación dio la aprobación para su competencia ante la JEP, luego de concluir que “efectivamente estuvo vinculado material y orgánicamente a la fuerza pública y sirvió de enlace entre los militares y el aparato militar”.
En la tutela que presentó Mancuso a la Procuraduría Judicial II Penal, ante la sección de revisión de sentencias de la JEP, indica que su sometimiento fue inconstitucional y observa una serie de irregularidades que obligarían a revertir esa decisión.
Cabe resaltar que continúa en curso que la Corte Constitucional de solución a la competencia entre Justicia y Paz y la JEP para conocer los crímenes cometidos por el paramilitarismo en regiones del país.
