Para quienes pensaban que trabajar en un call center erótico o atendiendo llamadas para leer tarot era una tarea en apariencia fácil, este caso en Barranquilla, lo hará cambiar de opinión.

Las extrabajadoras Xiomara Carbonell Caicedo y Yiseth Paola Hernández Caballero de la empresa call center Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S)  denunciaron una serie de irregularidades laborales que se presentan en estos empleos.

De acuerdo con el portal Zonacero, las demantantes denunciaron turnos excesivos de trabajo, el pago de menos del salario mínimo mensual y que nunca cancelaron las liquidaciones de las prestaciones sociales, cotizaciones de pensión, ni auxilio de transporte e indemnización por el no pago oportuno de las prestaciones, entre otros incumplimientos a los derechos del trabajador.

“Nosotros cumplíamos horarios de 9:30 pm a 7:30 am, nos descontaban el tiempo sí llegábamos tarde, los días de descanso no lo pagaban como compensatorio, nos retrasaban el pago de las quincenas y después nos dijeron que nos pagarían por mes vencido, como en los servicios públicos”, dijo Xiomara Carbonell Caicedo, una de las afectadas.

De igual forma, alrededor de 12 trabajadores más del call center también presentaron querella ante el Ministerio de Trabajo.

Estos exempleados aseguran que la empresa ofrecía incentivos de acuerdo con la duración y origen del tráfico de las llamadas (nacional o internacional) y que para las llamadas eróticas el precio era mayor. Sin embargo, los trabajadores afirman que a pesar de las horas laboradas estos incentivos nunca fueron cancelados.

Por la demanda han sido citadas dos audiencias conciliación ante el Ministerio de Trabajo.

En la última de ellas, ocurrida del pasado 9 de agosto, la empresa call center respondió ante los cargos que “está dispuesta a pagar lo que les debe, acordado en el contrato de prestación de servicios con cada uno de ellos, asumiendo lo que me dijo  la propietaria quien reside en España. Los propietarios quienes manifestaron que pagarían el dinero que se les debe a ellos, según el acuerdo se les pagaría un transporte legal mensual y un aporte a salud por $75.000 y la productividad por los minutos hablados”.

La empresa se cobijó en que los contratos con los trabajadores eran por prestación de servicios. La Inspectora Laboral del caso indagó cómo el call center vinculaba a los trabajadores al sistema de salud, incluyendo ARL y el apoderado respondió que la mayoría tenía Sisben.

Ricardo Hernández, uno de los afectados argumentó que “los contratos que hacen firmar son hojas en blanco, en la supuesta prestación de servicios descontaban dinero al personal por llegar tarde, por días que no iban a trabajar, no pagaban subsidio de transporte, los días de descanso los descontaban, el horario de trabajo era de más de 8 horas, las condiciones laborales eran totalmente inhumanas, hubo dos inspecciones de la Secretaría de Salud y no dejaron entrar a los inspectores de esa entidad a la sala de trabajo”.

El apoderado del call center denunció presiones y amenazas en su contra, por lo tanto, el caso no llegado a una conciliación total entre la empresa cuestionada y sus exempleados.

PUB/L.R.

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